Intelectuales, dirigentes sociales y más de 500 intendentes repudiaron la “persecución judicial” a Cristina Kirchner

Un grupo de intelectuales, dirigentes y funcionarios advirtió este domingo en una solicitada que el juicio que investiga supuestos direccionamientos en la obra pública de Santa Cruz, busca “proscribir” a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y “ha batido todos los récords de irregularidades y arbitrariedades”.

Distintas personalidades de la política y los derechos humanos se expresaron en esa línea a través de una solicitada titulada “No al lawfare y el intento de proscripción a Cristina Fernández de Kirchner”, y que fue publicada hoy en dos matutinos.

Asimismo, y a través de un comunicado, 509 intendentes del interior del país también rechazaron hoy la “persecución judicial” contra CFK, y denunciaron “utilización” del sistema judicial para “estigmatizarla”.

También expresaron que este procedimiento implica una “práctica violatoria de los derechos humanos”, y denunciaron que un sector de los medios de comunicación está involucrado en esta operación contra la vicepresidenta.

En el primero de los textos, aparecido en los diarios Tiempo Argentino y Página 12, y firmado por organizaciones, intelectuales y dirigentes políticos, se advirtió que “la persecución política a la compañera Cristina Fernández de Kirchner transita por estos días por los caminos más escandalosos”.

En el documento se señaló que se trata de una “causa absolutamente armada a partir de una denuncia fraudulenta presentada por el ex funcionario del gobierno de la Alianza Cambiemos Javier Iguacel, quien hizo caso omiso del informe interno que él mismo encargó ni bien se hizo cargo de la Dirección Administrativa de Vialidad porque sus resultados no revelaban ninguna irregularidad en la ejecución de las obras viales que se habían adjudicado en la provincia de Santa Cruz en el período anterior”.

“Ni sobreprecios, ni obras inconclusas ya cobradas. Nada que permitiese llevar a los estrados judiciales los ríos de tinta vertidos por los medios de comunicación dominantes, en lo que constituye una clara operación de lawfare que ahora tiene como objetivo estratégico el perpetrar la proscripción de la compañera Cristina, condenándola sin pruebas que lo justifiquen y extirpándole sus derechos políticos”, señalaron los firmantes.

Asimismo, subrayaron que “quienes pretenden consumar la infamia -jueces, grandes medios de comunicación y políticos que se preparan para tomar ventaja de ese involucramiento del Poder Judicial en la vida política- deben saber que, de lograrlo, habrán infligido un duro golpe al proceso democrático de más larga duración en la historia argentina”.

Y señalaron que esta estrategia de lawfare que “hoy se centra en la figura política más relevante del campo nacional y popular”-por la vicerpresidenta-, del mismo modo “hace años se despliega sobre un conjunto de dirigentes perseguidos, en algunos casos encarcelados y bajo una condena mediática que busca su cancelación”.

Entre los firmantes figuran la integrante de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora Taty Almeida; el ex juez de la Corte Suprema, Raúl Zaffaroni y el abogado Eduardo Barcesat; la militante de derechos humanos Rosa Bru; el periodista Víctor Hugo Morales; el secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal (Suterh) y diputado del Parlasur, Víctor Santa María, y la especialista en temas de género Dora Barrancos, entre otros intelectuales, periodistas, parlamentarios, gremialistas, embajadores, funcionarios y artistas.

En tanto, la carta de los intendentes alude al escandaloso proceso judicial de la causa Vialidad, que tiene a la vicepresidenta como una de las acusadas, y advierte que ese juicio busca “anular políticamente” a Cristina Kirchner.

“Los Intendentes del interior del país manifestamos nuestra preocupación frente a la utilización del sistema judicial como un mecanismo de estigmatización, de condicionamiento y disciplinamiento social. La persecución judicial sobre la Vicepresidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner, que se instrumenta con la activa participación de numerosos medios de comunicación, constituye una práctica violatoria de los derechos humanos que, bajo el maquillaje de la aplicación de la justicia, pretende condicionar, invisibilizar y anular social y políticamente”, manifestaron los intendentes en el comunicado.

La carta concluye que “las y los argentinos nos merecemos una justicia a la altura de las circunstancias, de cara a la celebración de 40 años de democracia ininterrumpida en nuestro país y llamamos a la reflexión a la comunidad en su conjunto, para rechazar estas prácticas institucionales y consolidar la plena vigencia de los derechos humanos”.