El PJ Bonaerense se reunió en La Plata y los consejeros llamaron a un Congreso provincial para el 3 de febrero para manifestar su solidaridad con Cristina Kirchner. Pese a que no fue confirmado en forma oficial, el senador provincial Walter Torchio contó que se invitará a la vicepresidenta para que esté presente y si ella lo desea cerrará el encuentro.
Las autoridades del PJ bonaerense, con la presencia de Máximo Kirchner, definieron una agenda para las próximas semanas. Se decidió convocar al Congreso provincial para el 3 de septiembre.
Cabe recordar que al inicio de la semana mediante un comunicado el se pronunció respecto de la utilización del Poder Judicial para perseguir a dirigentes políticos y sociales; y expresó su respaldo y solidaridad con la compañera vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner.
En un clima de hostigamiento y persecución donde se repite el recurso de acusar de corrupción sin pruebas, avanzar en juicios plagados de irregularidades que luego se amplifican a través de los medios de comunicación que defienden intereses contrarios a los de las mayorías populares, el consejo partidario se reunió en La plata para definir la agenda de las próximas semanas.
Con la presencia de más de 70 consejeros y consejeras, el encuentro encabezado por Máximo Kirchner, fijó la fecha para el Congreso partidario: sábado 3 de septiembre. A la vez que expresaron la necesidad de realizar plenarios y actividades en apoyo a la compañera vicepresidenta.
“Los y las militantes se quieren expresar ante el avasallamiento de la justicia y un sector de la política y los medios hacia Cristina”, manifestaron de forma unánime los y las presentes.
Por su parte, en relación a la persecución a Cristina Kirchner, el presidente del partido expresó “Un día puede ser una persona, otro día puede ser otra persona.
Las ideas económicas que ellos expresan necesitan de la supresión de aquellos que resisten políticas que excluyen a la mayoría del pueblo. No solo se trata si van o no por una persona sino porque lo que representan esas personas”.
En cuanto al comportamiento de un sector del Poder Judicial en Argentina indicó: “incluso, se animan a administrar el Estado. Parte de los problemas que tiene hoy la Argentina como explicaban la otra vez en una conferencia data de que por ejemplo un sector del poder judicial habilitaba importaciones por más de 1500 millones, 1800 millones de dólares. Entonces empiezan a ocupar ya no el lugar que tienen lógicamente en un sistema republicano como el nuestro, sino que administran el estado, dicen que se puede importar y que no, y de esa forma causan perjuicio en las arcas”.
Máximo se refirió también al poder adquisitivo de los trabajadores y trabajadoras: “Cuando planteamos el tema de suma fija, primero salió una cuestión engañosa, porque no decimos suma fija o paritaria no, porque si no caemos en estas cuestiones que se empiezan a armar en las producciones mediáticas y nadie termina entendiendo nada. Es las paritarias, van por su lado. Porque lo que hizo el ex presidente Kirchner fue darle el broche de oro a esa lucha que un sector del sindicalismo el mta, la cta y tantas organizaciones más, dieron para recuperar la herramienta paritaria para defender el interés de los trabajadores y las trabajadoras. Y eso fue lo que hicimos a partir de 2003, recuperar eso. También hubo suma fija a la par en ese momento mientras las paritarias iban desarrollándose y se recuperaba la gimnasia”.
“Esa baja de desocupación, lamentablemente viene acompañada de bajos salarios. Entonces el proceso de distribución que estaba en un 50 y 50, hoy calculan los compañeros y compañeras que estudian estos temas está en un 60 para el capital y en un 40 para el trabajo. Entonces se produce un fenómeno que en algunos centros de algunos distritos del conurbano tienen los restaurantes llenos en los lugares más pudientes, pero al mismo tiempo en sus barrios populares también tienen los comedores llenos. Entonces estas son las cuestiones que tenemos que discutir, no dejarnos dejarnos engañar y estar atentos”, indicó Kirchner.
PJ Nacional. El Consejo Nacional del Partido Justicialista difundió un documento en el que expresó su “solidaridad” con la vicepresidenta Cistina Kirchner, en el marco del pedido de condena de la fiscalía en el juicio el supuesto direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz, y convocó a todos los peronistas a “mantenerse unidos, organizados, movilizados y en alerta permanente”.
Así lo expresó en un documento dado a conocer al término de una reunión mantenida en la sede partidaria de la calle Matheu 130, en la ciudad de Buenos Aires, de la que participó de manera virtual el presidente Alberto Fernández, titular del partido a nivel nacional.
Según pudo reconstruir Télam, al participar del encuentro a través de videoconferencia, el presidente Alberto Fernández propuso realizar una movilización en una fecha “que no sea solo convocante para los peronistas”.
En ese sentido, el Jefe de Estado y presidente del PJ propuso una marcha a la que se pueda sumar “toda la comunidad democrática”, en la fecha del 16 de septiembre, aniversario de La Noche de los Lápices y del derrocamiento de Juan Domingo Perón.
Ante sus compañeros de partido, Fernández señaló que pueden haber existido diferencias con la vicepresidenta, pero que en lo que se refiere a la causa por obra pública, él la acompaña “desde 2016” cuando aún no habían vuelto a tener relación.
Con posterioridad a la reunión, en esa misma línea, el PJ llamó a “defender la vigencia de una verdadera democracia y de los derechos conquistados, sin persecución de la más importante líder del pueblo argentino”.
“El Consejo Nacional del Partido Justicialista expresa su solidaridad con la Vicepresidenta de la Nación, compañera Cristina Fernández de Kirchner, y repudia enérgicamente la persecución política instrumentada por los poderes fácticos a través del Poder Judicial”, apuntaron.
En esta línea, se indicó que “se está utilizando el aparato judicial” para darle una apariencia de legalidad y así conseguir “deslegitimar de los procesos políticos de dignificación y defensa de los pueblos”.
También denunciaron que el “mecanismo de lawfare utilizado contra la Vicepresidenta, al igual que sucediera con otros líderes populares latinoamericanos como Lula Da Silva en Brasil, Rafael Correa en Ecuador, Evo Morales en Bolivia, entre otros, entraña la utilización del aparato judicial con apariencia de legalidad para deslegitimar los procesos políticos de dignificación, soberanía y defensa de los Pueblos de la Patria Grande”.
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