La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) apeló este jueves el sobreseimiento de Gianfranco y Mariano Macri, hermanos del ex presidente, en la causa por la omisión de declarar activos en un banco de Suiza.
Por otra parte, el ente recaudador detectó serias irregularidades en el blanqueo de capitales que llevó a cabo el gobierno de Cambiemos, lo que haría caer la adhesión de esos casos. En las acciones de control desplegadas sobre los beneficios de la Ley 27.260, cerca de 250 blanqueos presentaron irregularidades.
Mientras, según revela hoy El Destape, el juez de primera instancia había sobreseído a los Macri por considerar que aplicaban los requisitos dispuestos por la Ley de blanqueo de capitales. Sin embargo, este fallo no consideró que parte de la operación realizada incluía un fideicomiso, valuado en 25 millones de dólares, que tenía como única beneficiaria a Alicia Blanco Villegas, madre de ambos y también del ex mandatario Mauricio Macri, inhabilitada para acceder a los beneficios de la esa norma.
El organismo que conduce Carlos Castagneto le hizo saber a la Sala A de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico que “la sentencia debe ser revocada, ya que se encuentra probado que Gianfranco Macri utilizó el blanqueo impulsado por el gobierno de su hermano Mauricio para beneficiar a su propia madre”.
Por su parte, la AFIP notificó a Gianfranco Macri la invalidez de la declaración jurada y la consecuente pérdida de los beneficios otorgados por la Ley 27.260 sobre la totalidad de los bienes allí incluidos.
En junio último, el juez en lo penal económico Diego Amarante sobreseyó a Gianfranco y a su hermano Mariano en la causa por lavado de dinero iniciada por la AFIP, que había investigado los bienes que exteriorizó en la ley de blanqueo impulsada por el gobierno a cargo de su otro hermano. Los fiscales Germán Bincaz, en 2021, y Gabriela Ruiz Morales, en 2019, habían también postulado el sobreseimiento de ambos al entender que los acusados podían acogerse a la ley de blanqueo.
La sentencia de primera instancia desechó así la investigación de la AFIP, que había aportado a la causa el dato de que el 60 % de lo declarado en el sinceramiento pertenecía a Blanco Villegas, madre del ex presidente. La denuncia contra Gianfranco y Mariano Macri surgió a partir de las filtraciones de los Pandora Papers, donde se hace mención a una sociedad identificada como Reata Pacific Limited, registrada en las Islas Vírgenes Británicas.
La sociedad utilizaba dos cuentas bancarias por unos 25 millones de dólares y era controlada, a su vez, por Quiñel Trust, un fideicomiso creado en noviembre de 2000 con la madre de Macri, Blanco Villegas, como beneficiaria y fiduciante, con el propósito de organizar su herencia entre sus hijos y sus nietos. Estos datos fueron corroborados por la AFIP, que ahora avanza en la Justicia para conseguir un revés judicial.
En el informe del organismo se determinó entonces que Gianfranco había exteriorizado y declarado como propias las cuentas bancarias controladas por Quiñel Trust durante el blanqueo de capitales den 2016 cuando, en rigor, pertenecían a su madre, impedida de ingresar al blanqueo debido a la prohibición legal que se impuso sobre ciertos familiares directos de los funcionarios públicos.
Gianfranco Macri ingresó el 23 de diciembre de 2016 al régimen de blanqueo y declaró, entre otros bienes en el exterior, la cuenta 6.02960.3 radicada en Suiza a nombre de BF Corporation S.A, por $ 63.592 millones. También declaró una participación del 50 % en BF Corporation., adquirida en julio de 2016, en Panamá, mientras que, el restante 50 % lo declaró en cabeza de Mariano Macri.
Gianfranco habría entonces fraguado los requisitos contenidos en la ley de exteriorización sancionada por el Congreso, para declarar como propio un “trust”, equivalente a un fideicomiso, radicado en Liechtenstein que, en realidad, pertenecía a Blanco Villegas.
En tanto, al haber detectado la AFIP alrededor de 250 blanqueos con irregularidades, pudo saberse que la finalización de tales casos, con la pérdida efectiva de los beneficios, proyecta una recuperación de recaudación de aproximadamente $ 1200 millones.
Si bien hace dos años que se viene trabajando sobre las inconsistencias en el ingreso a ese blanqueo, hasta ahora la AFIP no había tomado la decisión de hacer caer esta operación, una facultad que tiene el organismo si detecta irregularidades en la formalización de activos por la ley dictada en 2016.
“Los contribuyentes analizados evidenciaron inconsistencias en el acceso a los beneficios de la citada ley, dado que la misma no permitía el blanqueo de bienes o tenencias a quienes estuvieran condenados por delitos comunes, por ley penal tributaria, los declarados en quiebra, los procesados por delitos económicos, y los funcionarios o empleados públicos que por su categoría o función no se encontraran habilitados para hacerlo”, explicaron a El Destape fuentes de la AFIP.
Dicha exclusión se hace extensiva a familiares de determinado grado de parentesco. “Finalmente, la detección de bienes no exteriorizados -en el blanqueo con anterioridad al mismo-, hace pasible la pérdida de los beneficios señalados”, aclararon desde el ente que conduce Carlos Castagneto.