El fiscal federal Guillermo Marijuan presentó en Comodoro Py una denuncia penal sobre las presuntas irregularidades detectadas por el ministerio de Desarrollo Social en el cobro del programa Potenciar Trabajo, que administra el líder del Movimiento Evita, Emilio Pérsico, a través de la secretaría de Economía Social.
Marijuan pidió que se investigue lo que se supone una millonaria defraudación al Estado, y que abarca a cientos de miles de personas que no deberían cobrar ese beneficio. Ese universo abarca desde personas fallecidas a otras que cobran planes a pesar de ser dueños de aeronaves o autos cero kilómetro, compran dólares o tienen locales comerciales y hasta campos.
“No se puede estigmatizar así a todos los que reciben un plan, poniéndolos bajo sospecha de haber trampeado los datos para acceder”, señaló una fuente oficial con respecto a los dichos de Marijuan. “Tampoco se puede esperar que el Ministerio le saque el beneficio a más de un cuarto de los beneficiarios por datos que trascendieron y que, por lo menos, presentan muchas inconsistencias”, agregó.
En tanto, trascendió que alrededor de 253.000 beneficiarios del programa Potenciar Trabajo no deberían haber cobrado los $27.275 -a valor noviembre- por las cuatro horas de labor que se supone realizan.
La denuncia ahora está en manos del juez federal Daniel Rafecas quien, como primer paso, deberá darle vista a otro fiscal y, llegado el caso, ordenar la suspensión de todos los planes sociales cuestionados, además de evaluar si ordena un reempadronamiento de los beneficiarios para evitar la comisión de nuevas defraudaciones al Estado.
La irregularidad surge a partir de un informe solicitado el 30 de junio pasado a la AFIP por el entonces ministro del área Juan Zabaleta. El ex funcionario venía conversando con Pérsico sobre este tipo de situaciones en la distribución de los planes. “O peinamos nosotros el listado de planes o lo va a peinar Marijuán”, le advirtió Zabaleta meses atrás.
El ente recaudador entrecruzó los registros de beneficiarios del Potenciar Trabajo de casi 1,4 millón de personas con la información de los contribuyentes, y detectó inconsistencias en un porcentaje elevado.
En el informe se enumeran incompatibilidades severas que incluyen la compra de dólares y el pago del impuesto a los Bienes Personales, dos incompatibilidades manifiestas con el programa que reciben 1.350.000 personas.
Días antes, el presidente Alberto Fernández firmó el decreto 728 que impide dar nuevas altas del Potenciar Trabajo.
En julio, después de fuertes críticas que la vicepresidenta Cristina Kirchner lanzara a los movimientos sociales por el manejo de los planes, el Gobierno avanzó con una auditoría. La idea era supervisar los 1.300.000 de planes sociales y al frente de eso estarían las universidades. Finalmente, tras la salida de Zabaleta y la llegada de Victoria Tolosa Paz al ministerio, esa auditoría no se llevó a cabo, pero sí avanzó la investigación de la AFIP.
Allá por junio, en un acto de la CTA en Avellaneda, la ex presidenta lanzó desde el escenario: “Si Evita los viera, mamita… imaginando y leyendo todo lo que hizo, mamita”.
En el reciente acto de la UOM, en Pilar, CFK volvió a apuntar contra las organizaciones sociales del oficialismo por su cercanía al gobierno de Mauricio Macri. “Algunos movimientos sociales, tal vez los más importantes, no veían tan mal las ayudas que recibían”, dijo.
En tanto, Tolosa Paz, quien ya tuvo algunos roces con Pérsico, se expresó en la misma línea: “Queremos poner un tope a la ampliación real del Potenciar Trabajo. Vamos a trabajar muy fuerte para que las bajas que se producen mes a mes puedan redistribuirse con el acceso a maquinaria”, dijo.
Días atrás, ya hubo una primera reunión de equipos técnicos de la AFIP y de Desarrollo Social, tratando de despejar las dudas sobre la veracidad de las conclusiones que se sacaron sobre los datos que tomaron estado público. “Hay muchas discrepancias con los datos que se le atribuyen al informe de AFIP, seguramente hay casos de irregularidades, pero muy lejos de las cifras que se están publicando”, indicó una fuente ministerial.
Consultado un ex ministro del área, el actual diputado Daniel Arroyo, respaldó las medidas que se tomaron desde el Ministerio para realizar un análisis de los planes sociales. “Se debe hacer una revisión muy clara en cada caso puntual y el entrecruzamiento de datos tiene que dejar afuera a quien no le corresponda ser parte del programa”, consideró. “Hay que ser muy prudentes en el manejo de la información”, recomendó.