La Corte Suprema se burla del Gobierno y autoriza al Grupo Clarín a cobrar tarifas a su antojo 

La Corte Suprema de Justicia firmó dos fallos que una vez más favorecen al Grupo Clarín, y le permiten mantener sus tarifas de celular, cable e internet fuera de los límites que fija el Estado.

Ambos fallos tienen la firma de los cuatro integrantes del todavía llamado máximo tribunal, incluido Carlos Rosenkrantz, algo ilegal ya que el Grupo Clarín fue su cliente. Suma así 58 expedientes que firma por fuera de la ley. La cuestión es que Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti avalan esta ilegalidad, evidenciando que nadie quiere enemistarse con Héctor Magnetto.

Hoy el periodista Ari Lijalad, en “El Destape”, recuerda que el caso de las tarifas del Grupo Clarín está en la Corte desde junio de 2021, hace más de 16 meses. El propio presidente Alberto Fernández describió este letargo como un “un acto de complicidad judicial con el poder económico real” al referirse a que la Corte no resuelve la medida cautelar que le permite a Magnetto y sus socios no cumplir con el decreto 690 que el presidente rubricó el 21 de agosto de 2020.

El hecho es que el tribunal, al rechazar dos planteos contra esa cautelar, la prorrogó. Mientras el tema de fondo no se resuelva (la validez del decreto presidencial) seguirán cobrando lo que quieran.

Aquel decreto 690 establece que los servicios de telecomunicaciones son “servicios públicos esenciales y estratégicos en competencia” y que sus precios serán regulados por el Estado. Pero como no podía ser de otra manera, el Grupo Clarín judicializó este decreto. Después de distintas instancias, el Gobierno tuvo que ir en queja al máximo tribunal, el último recurso. Y ahora la Corte rechazó esos recursos.

En concreto, rechazó dos recursos de queja. Uno es del Estado Nacional, patrocinado por el procurador del Tesoro Carlos Zannini. El otro, del ENACOM, el organismo a cargo de que regular sus tarifas. La fórmula de rechazo fue la misma: los recursos eran contra la medida cautelar gracias a la cual el Grupo Clarín no respeta los límites a las tarifas de telecomunicaciones.

Así, el máximo tribunal desestimó los planteos porque no son contra una sentencia definitiva. Lo insólito es que es la Corte no pone límites a la cautelar por la que Clarín continúa con el cobro de sus tarifas mientras no se resuelve la cuestión de fondo. Ayer se conoció el índice de inflación del octubre, que llegó al 6,3%: en comunicación fue del 12,1 %, casi el doble.

Rosatti, auto votado presidente de la Corte, fue en junio pasado a un evento de Clarín y dijo que “conjugar mercado y Estado es muy importante. Después, un Gobierno será más neoliberal, más neointervencionista, pero lo más importante es erradicar algunos temas que se ven como malas palabras”, en alusión al progreso (eufemismo de enriquecimiento) y a la teoría del derrame. Se habla mucho de las visitas de Jorge Rendo, en representación del Grupo Clarín, a la oficina de Rosatti en el palacio de Tribunales. Y todo indica que tienen efecto.

En tanto, al poner su firma en estos dos fallos, el cortesano Rosenkrantz alcanzó 58 causas en las que interviene pese a que se trata de ex clientes, a pesar de lo cual interviene, pese a que la ley se lo prohíbe, avalado por sus colegas de la Corte.

Esta situación viola el Código Procesal, ya que el artículo 17 establece como causal de recusación “haber sido el juez defensor de alguno de los litigantes” y el artículo 30 dice que “todo juez que se hallare comprendido en alguna de las causas de recusación mencionadas en el artículo 17 deberá excusarse”. En otras palabras, Rosenkrantz sabe que lo que hace es ilegal.