Mientras la causa abierta por el llamado vuelo del Lawfare, que se investiga en la justicia federal de Bariloche, seguirá por el momento sin querellantes –al menos hasta que se resuelva si se tiene como tal al Poder Ejecutivo nacional-, crece el riesgo de que pase a los tribunales de Comodoro Py, por lo que en ese caso la investigación caería en saco roto.
El viernes de la semana pasada, la jueza María Silvina Domínguez rechazó tener como querellante al abogado Marcelo Hertzriken Velasco, quien denunció el vuelo del escándalo hace casi dos meses, luego de que tuviera difusión pública por una publicación de Página/12. En las últimas horas, el letrado preparaba la apelación ante la Cámara Federal de General Roca.
Según destaca hoy Franco Mizrahi en El Destape, el rol de querellante es clave para el devenir del expediente, ya que puede controlar el accionar del juez y la fiscal intervinientes en el proceso, pedir medidas de prueba y evitar un cierre abrupto de la pesquisa. Por eso, el Poder Ejecutivo también pidió ser tenido como tal a la juez Domínguez.
El planteo del Estado lo realizó el Ministerio de Justicia el miércoles pasado cuando denunció a los cuatro jueces federales, al CEO del Grupo Clarín, Jorge Rendo, a un ex espía y a otros implicados en el vuelo a Lago Escondido, más precisamente a la mansión del magnate inglés Joe Lewis, por incumplimiento de los deberes de funcionario público y dádivas.
Mientras se esperan resultados de una serie de medidas de prueba, a la luz de una afirmación de la fiscal María Cándida Etchepare en el requerimiento de instrucción, el caso se perfila para ser trasladado más tarde o más temprano a los tribunales federales porteños, donde, como se sabe, el macrismo juega de local.
En ese dictamen, la fiscal Etchepare imputó a los 8 pasajeros del vuelo del escándalo y a los dos ejecutivos de Clarín que los invitaron. Se trata de los jueces Julián Ercolini (instructor del caso Vialidad), Pablo Cayssials, Pablo Yadarola y Carlos “Coco” Mahiques; el ministro de Justicia y Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro; el Fiscal General de CABA, Juan Bautista Mahiques; el ex SIDE Leonardo Bergroth; el publicista Tomás Reinke; el presidente del Grupo Clarín, Jorge Rendo, y el abogado del multimedios y sobrino de Héctor Magnetto, Pablo Casey.
El dictamen fiscal confirma lo que planificaron los mismos imputados en un presunto chat filtrado: que buscaron cubrir con facturas armadas el presunto delito de dádivas en el que todo indica que incurrieron. Y que lo hicieron cuando estalló el escándalo del vuelo.
El miércoles pasado, la jueza federal de Bariloche Silvina Domínguez rechazó el planteo del denunciante Marcelo Hertzriken Velasco para ser tenido por parte querellante en el caso del vuelo del Lawfare. Este lunes es el primer día hábil desde aquella decisión por lo que recién comenzó a correr el tiempo para que el abogado presente su apelación, que ya adelantó a El Destape que elevará ante la Cámara Federal de General Roca, la instancia revisora de la justicia federal de Bariloche.
La magistrada rechazó la pretensión del letrado porque “no aparece —a esta altura— como particularmente ofendido por los delitos que constituyen el objeto de estas actuaciones tal cual se encuentran configurados al momento de emitir esta decisión”. Al no ser un particular damnificado, le fue rechazada su intención de ser tenido por querellante.
Así las cosas, el caso por ahora no tiene querellantes. Por eso, ante este escenario, el Gobierno nacional se presentó en la justicia de Bariloche –donde se había presentado Hertzriken Velasco- y denunció a todos los involucrados. También pidió ser tenido por querellante, planteo que todavía no fue resuelto por la jueza Domínguez.
A través del ministro de Justicia, Martín Soria, el Gobierno también denunció a los protagonistas del vuelo del Lawfare.
El escrito plantea que “en caso de corroborarse que el traslado, alojamiento y/u otra actividades de los funcionarios públicos descriptos, entre ellos magistrados de la Nación y de la Ciudad de Buenos Aires, no fue solventado por ellos mismos, sino por privados, estaríamos ante la existencia de una entrega y aceptación de dádivas, dando lugar a la comisión de diversos delitos que el Ministerio Público Fiscal tiene, además, el deber internacional de investigar y sancionar, en virtud de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción”.
Al mismo tiempo, el Gobierno destacó que “la recepción de las dádivas no solo constituye una afectación repudiable desde el punto de vista de la independencia judicial y de la ética republicana exigible a los mencionados funcionarios, sino que es, esencialmente, un incumplimiento de sus deberes como funcionarios públicos, constitutivo del delito previsto en el artículo 248 del Código Penal”.
La denuncia del gobierno no incluye a Casey –el abogado de Clarín que habría sido parte de la invitación junto a Rendo- aunque lo menciona como posible involucrado. E incluye a Nicolás Van Ditmar, administrador del inmueble de Lago Escondido perteneciente a Joe Lewis, que no fue imputado por la Justicia hasta el momento, sino que fue convocado como testigo.
Ante ese cuadro de situación, el Gobierno solicitó ser tenido por querellante y reclamó diversas medidas de prueba como el secuestro de los aparatos telefónicos de todos los involucrados. “Esperamos que haya una resolución de nuestro planteo antes del viernes”, indicaron desde el Poder Ejecutivo.