La decisión de Alberto Fernández de acatar el fallo de la Corte Suprema de Justicia y pagarle los fondos coparticipables a la Ciudad de Buenos Aires impactará de lleno en el Congreso: el presidente anunció que enviará un proyecto de ley para ser tratado en sesiones extraordinarias.
De esta manera, empezó a delinear el temario de sesiones extraordinarias que incluirá leyes con foco en la economía. Pero el adelantamiento del clima electoral, dificulta todavía más los acuerdos entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio. La idea de bloquear la agenda oficial de uno y la debilidad política del otro, abre una incógnita sobre si entre enero y febrero pueda haber sesión.
“He instruido al Ministerio de Economía para enviar al Congreso un proyecto de ley para tratar en sesiones extraordinarias, que prevea presupuestariamente los recursos necesarios para hacer posible cumplir la manda judicial conforme dispone la Ley 23.982 en su artículo 22″, informó Fernández.
Así, el presidente buscaría que sea el Congreso el que determine de dónde saldrán los fondos para la Ciudad de Buenos Aires. “Dicha norma deberá preservar el sistema federal vigente, no afectar los derechos reconocidos a las provincias argentinas y compensar las pérdidas que esta medida cautelar les produce”, señaló en Twitter.
Ahora el oficialismo aguarda que el Poder Ejecutivo publique el decreto de convocatoria a extraordinarias y envíe al Congreso la propuesta de ley. “Solo sabemos lo que se comunicó por las redes sociales. Veremos si en los próximos días hay mayores precisiones”, indicó una fuente del bloque de diputados.
En el Frente de Todos sabían de la posibilidad de un llamado a extraordinarias, pero no así del proyecto sobre la coparticipación porteña. Esperaban que la convocatoria incluyera uno o dos temas que quedaron en el tintero, sumados al blanqueo de capitales que el ministro de Economía, Sergio Massa, está por enviar a Diputados.
También hay especulaciones sobre las fechas. En el oficialismo se barajaba la idea de sesionar a fines de enero, o bien durante febrero. Es prácticamente un hecho que en las dos primeras semanas de 2023 no habrá actividad parlamentaria, teniendo en cuenta que muchos legisladores se tomarán vacaciones, y otros aprovecharán para hacer las primeras recorridas electorales.
Desde que asumió Fernández, se realizaron seis sesiones en período extraordinario: dos en diciembre de 2019, tres en enero y febrero de 2020, y una en febrero de 2021. Este 2022 el presidente convocó a extraordinarias con un extenso temario, pero ninguna de las dos cámaras sesionó en el verano.
Además del blanqueo y del proyecto vinculado a la coparticipación porteña, hay al menos dos temas en la mira del Frente de Todos para el período extraordinario: uno es una iniciativa pedida por el GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional) para prevenir y castigar el lavado de activos, que tiene un buen grado de acuerdo con Juntos por el Cambio.
El otro proyecto es el de fomento de la agroindustria, empujado fuertemente por Massa. En este caso, la oposición pedía modificaciones al proyecto del Ejecutivo, a lo que se agregó el cambio de ministro a mitad de año (Juan José Bahillo por Julián Domínguez). El oficialismo cree que está cerca de poder dictaminar en comisiones.
Otras iniciativas que podrían estar incluidas son la de Compre Argentino, y las que no fueron aprobadas en la frustrada última sesión del año, entre ellas la ley de alquileres, la creación de universidades, la moratoria previsional para 800 mil personas. Por lo tanto, resultará difícil que quede lugar para la agenda judicial con el escaso margen de acuerdo que existe. Mientras que en el Senado quedan, entre otros, la ley de alcohol cero.