Argentina denunciará ante la ONU la brutal avanzada del lawfare y los discursos de odio

“Vamos a demostrar que, cuando decimos que la democracia está en peligro, es porque lo está”. Así de contundente es Horacio Pietragalla Corti, secretario de Derechos Humanos de la Nación, quien mañana, en la lejana Ginebra, Suiza, hará uso de la palabra ante la Organización de Naciones Unidas (ONU), con el objetivo de rendir su Examen Periódico Universal (EPU).

Será más precisamente frente al Consejo de Derechos Humanos, oportunidad en la que trazará un diagnóstico sobre una persecución política que se ejecuta por vía judicial, y los discursos de odio que calaron tan fuerte que pueden conducir hasta lo que fue el intento de homicidio de la vicepresidenta Cristina Kirchner.

Como no podría ser de otra manera, una vez que trascendió el tenor de la presentación, desde Juntos por el Cambio aprovecharon la oportunidad para salir en defensa de los tribunales, particularmente de la Corte Suprema, y denunciaron que se trata de una maniobra para buscar la impunidad de los dirigentes kirchneristas que deben sentarse en el banquillo.

Según destaca hoy Página/12, la presentación de mañana surge en un contexto particular: un pedido de juicio político a los integrantes de la Corte Suprema, chats que exponen la connivencia entre funcionarios del máximo tribunal y la principal alianza opositora, sumado a la reticencia de la justicia para investigar lo que fue el principal escándalo político de los últimos tiempos.

En esa coyuntura caliente, Pietragalla Corti tiene previsto dar dos nombres para ejemplificar la persecución política por vía judicial: el de Cristina Kirchner y el de la dirigente social jujeña Milagro Sala, que esta semana cumplió siete años de detención y le reclama al presidente Alberto Fernández que firme el indulto que le devuelva la libertad.

El secretario de Derechos Humanos planteará, además, que la Argentina enfrenta desafíos de la mano del lawfare o la guerra jurídica y de los discursos de odio que pueden llevar a herir de muerte los consensos que Argentina se dio tras el retorno democrático.

El funcionario anticipó que la exposición estará centrada en remarcar los avances que hubo en materia de derechos humanos desde la asunción del Frente de Todos, pero que habrá un capítulo para la justicia que sigue siendo una deuda. “No podemos obviar el lawfare, el ataque a Cristina y a las instituciones. Tampoco la proscripción contra ella. No es habitual, pero tampoco es habitual lo que está pasando en la Argentina”.

El informe, que trascendió y que crispó a la oposición, se presentó a finales de octubre del año pasado. El intento de asesinato a Cristina Fernández de Kirchner estaba fresco, la vicepresidenta no había sido aún condenada por el Tribunal Oral Federal (TOF) 2 en la causa “Vialidad” y mucho menos se habían conocido los chats entre Silvio Robles y Marcelo D’Alessandro ni activado el pedido de juicio político contra los cuatro supremos. Aun así, el problema era el mismo: una justicia que funciona con los mismos patrones.

En el informe que presentó el gobierno argentino meses atrás hay definiciones sobre el lawfare y los discursos de odio. Para las autoridades nacionales los dos fenómenos se presentan como desafíos, y por eso mismo le piden al Consejo de Derechos Humanos de la ONU acompañamiento para llevar adelante medidas para hacerles frente.