Moreau: “El juicio no se hace a la Corte, sino al funcionamiento mafioso de sus miembros”

El diputado del Frente de Todos (FdT) Leopoldo Moreau aseguró que “esta no es la Corte (Suprema) de todos los argentinos, esta Corte tiene dueños que son los 500 empresarios que han obtenido fallos favorables” y los “medios hegemónicos que quedaron desnudos con la ‘Banda de Lago Escondido”, al defender el pedido de juicio político contra los miembros del alto tribunal.

Moreau formuló estos conceptos al exponer a favor de avanzar en los pedidos de juicio político contra los miembros la Corte, a cuyos miembros se acusa de mal desempeño de sus funciones por los fallos vinculados a la coparticipación porteña, a la declaración de inconstitucionalidad de la ley del Consejo de la Magistratura y a las denuncias de irregularidades de la obra social judicial.

El diputado destacó que “esta no es la Corte de todos los argentinos, esta Corte tiene dueños. Hay que tener en claro quienes se han alineado con su Corte: son los 500 empresarios y si uno repasa han obtenido fallos favorables de la Corte, por ejemplo el caso Ledesma”.

“Los medios hegemónicos sienten que también son dueños de esa Corte que quedaron desnudos con la los de la banda de Lago Escondido”, agregó, y resaltó que “hay que poner fin a este funcionamiento mafioso del que forma parte la Corte”.

Moreau señaló que “el juicio no se hace a la Corte, sino a los miembros”, y la calificó “escuálida, que se ha ido achicando no solo en números, sino que se ha ido achicando también desde el punto de vista de su prestigio jurídico intelectual”.

Rechazó los argumentos de la oposición al señalar que “no hay ningún tipo de circo, patoteada o amenaza, se está llevando adelante la facultad que establece el artículo 53 de la Constitución Nacional”.

“Cuando se habla de circo, se argumenta que está destinado al show porque no se va a reunir los dos tercios, pero no tuvieron el mismo concepto desplegado como lo hacen ahora cuando otros sectores políticos plantearon juicio político a los miembros de la Corte, por ejemplo, cuando la CC-ARI lo hizo en el caso de Lorenzetti”, aseveró.

Como sigue la agenda.  La comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados continuará su actividad el próximo jueves a las 11 con el testimonio de los autores de los 14 expedientes que se analizan en el marco del proceso a los cuatro miembros de la Corte Suprema de Justicia, de los cuales cinco son de diputados nacionales, dos de una senadora y siete de particulares.

Los diputados que expondrán sobre sus expedientes serán Vanesa Siley, María Rosa Martínez, Pablo Carro y Eduardo Valdés, por los tres expedientes tramitados por el oficialismo, en el primer caso contra Carlos Rosenkrantz, y en los dos restantes contra los cuatro integrantes del máximo tribunal, y Paula Oliveto, por los dos escritos impulsados por la Coalición Cívica contra Ricardo Lorenzetti.

La senadora Juliana di Tulio, del Frente de Todos, hará lo propio en relación a los dos expedientes que impulsa contra los cuatro miembros y Rosatti en particular.

En cuanto a los particulares, estarán representantes de la Asociación Argentina de Juristas, que solicitó juicio político contra los cuatro integrantes de la Corte, y de la Asociación Civil por la Exigibilidad de los Derechos Sociales, que lo hizo contra Rosenkrantz y Lorenzetti.

Los particulares Antonio De Martino, Ricardo La Greca y Patricia Isasa darán sus fundamentos en relación al pedido que realizaron contra los cuatro integrantes, y Pablo Llonto y Diego Sánchez lo harán sobre los escritos presentados en relación al desempeño de Rosattti.

En cuanto a las causales que se abordarán se enumeran el fallo sobre la coparticipación federal y el que retrotrae el funcionamiento del Consejo de la Magistratura.

Se cuestiona el fallo para aplicar el cómputo de “2×1” a un represor de la última dictadura militar y se considera que existe una serie de “incumplimientos y desmanejos” en la Obra Social del Poder Judicial de la Nación (Ospjn).

También hay acusaciones contra Rosenkrantz por sus intervenciones en causas en las que estaban involucradas empresas para las que había trabajado como abogado defensor.