En el marco del juicio político que impulsa el Gobierno contra los miembros de la Corte Suprema de Justicia, el próximo jueves será un día clave del proceso, teniendo en cuenta que ese día el oficialismo pondrá toda la carne en el asador para la verdadera prueba de fuego: la votación de la admisibilidad del proceso.
Con este objetivo en mente, el primer paso será firmar el informe de admisibilidad, que es el requisito establecido por el reglamento de la comisión de Juicio Político para pasar al proceso de recolección de pruebas. Se presentaron 14 pedidos de juicio político contra Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, y esa instancia sirve para definir si hay o no razones válidas para avanzar con los sumarios.
La votación será el 9 de febrero y, si bien el Frente de Todos cuenta con la mayoría para aprobar la admisibilidad, sabe que Juntos por el Cambio irá con los tapones de punta a dar la pelea. El oficialismo sospecha, por ejemplo, que la coalición opositora exigirá que le permitan traer expertos que acrediten la inadmisibilidad del juicio político, con la idea de sumar trabas al proceso.
El jueves a partir de las 11 se expondrán en la comisión de Diputados la totalidad de los argumentos de las 14 denuncias vigentes contra los jueces. Hay más de 60 imputaciones de supuestos delitos. En otras palabras, será entonces cuando el Frente de Todos busque profundizar su “plan desgaste” contra los cortesanos.
En ese operativo contará con la presencia de más de diez expositores, autores de los distintos proyectos de jury: diputados, senadores y particulares. La carta “especial” será poner también en ese lugar a legisladores de Juntos por el Cambio, principalmente de la Coalición Cívica (CC) de Elisa Carrió, que acusan solo al juez Lorenzetti por sus años como titular del máximo tribunal.
El oficialismo espera que el calendario juegue a su favor, porque el expediente de juicio político con despacho de comisión tiene un plazo de tres años para ser tratado en el recinto. El tema será si las elecciones estarán de su lado, porque el FdT necesita acumular la mayoría absoluta en el Congreso en los comicios de este año y en las legislativas de 2025.
El jefe del bloque, Germán Martínez, recordó los tiempos de Eduardo Duhalde y Néstor Kirchner: “En 2002 no había consenso. En 2003 sí lo hubo. Estoy convencido de que a medida que vayamos avanzando con fundamentos y pruebas, el consenso va a estar mucho más claro que ahora”, dijo.
Bajo la denuncia general de “mal desempeño en sus funciones”, válido por la Constitución Nacional, las acusaciones apuntan a distintas acciones de los magistrados en los últimos años. Cargan las tintas de los expedientes el fallo de la Corte de diciembre, en el que ordenó a la Nación devolverle a la Ciudad de Buenos Aires el 2,95 % de la masa de impuestos coparticipables.
El impulso que le dio el Gobierno a esta instancia, ganó volumen después de que se revelaran chats entre Silvio Robles –vocero de Rosatti– y Marcelo D’Alessandro –ministro de Justicia y Seguridad porteño en licencia–, justamente anticipando la medida que benefició al jefe de Gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta.
Esos son algunos de los argumentos en el pedido de jury que firmaron un grupo de diputados, tomando como base el reclamo del presidente Alberto Fernández y distintos gobernadores.
En la comisión, el jueves expondrán además representantes de la Asociación Argentina de Juristas, de la Asociación Civil por la Exigibilidad de los Derechos Sociales, y los particulares Antonio De Martino, Ricardo La Greca y Diego Sánchez.