La Auditoría General de la Nación (AGN) emitió un lapidario dictamen sobre el manejo de la deuda en 2018 (colocación de bonos en el mercado internacional y el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional), realizado por el gobierno de Mauricio Macri.
De acuerdo con un informe elaborado por ese organismo que está en manos de la oposición (su titular es el radical Jesús Rodríguez), se detectaron una serie de irregularidades muy importantes en el acuerdo que se firmó entre el gobierno de Juntos por el Cambio con el FMI. A raíz de esto, entre otros puntos delicados, el organismo emitió un dictamen adverso respecto de la ejecución presupuestaria de ese año.
Además, entre los puntos más conflictivos en este sentido aparecen la ausencia del dictamen del Banco Central, la falta de intervención del presidente y del Congreso, como así también la carencia de documentación de respaldo.
Con todo esto, la AGN calificó como “insostenible” a la deuda, ya que todo ese panorama incrementó, por ejemplo, el riesgo cambiario.
Esta determinación -con argumentos muy claros y contundentes- llega en un momento en el que la oposición lanzó una serie de cuestionamientos hacia el Gobierno a raíz de la deuda, y lo acusa de “dejar una bomba” a la próxima gestión por el stock de deuda en moneda local y el nivel de las tasas comprometidas.
El dictamen de la AGN se realizó en base a 25 informes técnicos que se llevaron adelante sobre el ejercicio fiscal 2018, una obligación legal que deben contemplar todos los años los gobiernos.
Los estados contables tuvieron una opinión “con salvedades” y la ejecución presupuestaria un fallo “adverso”. El documento destaca que “los hallazgos sobre la deuda pública fueron fundamentales” en la decisión que se dio a conocer.
El informe fue aprobado por mayoría, en el marco del cual se señaló que a fines del año 2018 la Deuda Publica ascendió a 332.192 millones de dólares y pasó a representar el 85,2 % del PBI, en comparación al año anterior, que fue de 320.935 millones de dólares, equivalente al 56,5 % del PBI.
De esta manera, en términos de PBI el peso de la deuda publica aumentó en casi 30 puntos del producto, por lo que la emisión neta de deuda en 2018 ascendió a 55.940 millones de dólares.
También se observó que, en enero de 2018, y de manera previa al cierre de mercados voluntarios de deuda a la Argentina, el entonces ministro de Finanzas, Luis Caputo, decidió emitir y colocar títulos públicos en Nueva York por un total de 9000 millones de dólares, una cifra inusitada de emisión.
Señaló la operación como extraordinaria, debido al volumen de lo solicitado y también a que Argentina nunca había accedido a semejante endeudamiento con el FMI. En términos históricos, los años con mayor monto de acceso a deuda con el organismo son justamente los años 2000 y 2001 (Megacanje) con 8000 millones de dólares y luego en el 2018 (stand by) con 56.700 millones de dólares.
Asimismo, se reveló que el 20 % de la emisión de deuda directa en 2018 fue autorizada por Decreto de Necesidad y Urgencia. El préstamo stand by del Fondo Monetario Internacional no cumple con el criterio establecido de proceso de negociación y ejecución (normativa vigente).
La utilización de mecanismos alternativos de emisión de deuda (DNU), el incumplimiento de los procedimientos normados para la contratación de la deuda con el FMI y la emisión de deuda sin contar con cupo determinado por ley al momento de la emisión.
Mientras tanto, se profundizó el riesgo cambiario (más del 84,1% de la deuda se nominó en moneda extranjera) y el de liquidez y renovación: el 30% de las emisiones entre el 2019 y 2020 y más del 56% entre 2021 y 2025.
Los datos que reveló la AGN son tan fuertes que incluso muestran que el control del límite del endeudamiento establecido por ley se realizó en planillas de Excel “fácilmente modificables”.