El Departamento de Derecho Penal y Criminología de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA), comunicó que dio de baja para el primer cuatrimestre de la carrera una serie de materias, por no alcanzar la cantidad de alumnos inscriptos. Tres de los titulares de las materias prescindidas son los operadores de Comodoro Py Mariano Borinsky, Julián Ercolini y Raúl Plee.
En noviembre de 2022, profesores, graduados y estudiantes de la Facultad de Derecho de la UBA pidieron que se realice juicio académico al juez Ercolini en el marco de la causa en la que se investiga el viaje realizado a Lago Escondido en octubre pasado por magistrados, funcionarios del Gobierno porteño y directivos del Grupo Clarín.
El juicio académico es un mecanismo previsto en el Estatuto de la UBA que debe ser tratado inicialmente en el Consejo Directivo de la Facultad de Derecho, y luego podría ser analizado por el Consejo Superior de la Universidad, según se explicaron desde el colectivo que promueve este procedimiento contra el magistrado.
“Ercolini es profesor regular adjunto de la materia Elementos de Derecho Penal y Procesal Penal y Director de la Carrera de Posgrado de Administración de Justicia en la Universidad de Buenos Aires. Entendemos que esta Universidad pública y reconocida a nivel mundial tiene que tomar medidas importantes sobre el presente caso, en tanto exhibe a un profesor involucrado en la comisión de conductas que atentan contra la democracia y el estado de derecho”, expresaron en una solicitada que ya reunió cerca de 15.000 firmas y sigue recolectando adhesiones.
Por su parte, el juez Borinsky está bajo la lupa por sus repetidas visitas al ex presidente Mauricio Macri en la Quinta de Olivos y su insistencia con reabrir la causa del Memorándum de Entendimiento con Irán, en la que se acusó a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y a Héctor Timerman como traidores a la Patria.
“Lo que podría encuadrar en las disposiciones reglamentarias del Código de la Universidad de Buenos Aires y del propio Estatuto Universitario, en relación con la posible falta de ética académica, indignidad moral o inconducta notoria a que hacen referencia dicha disposiciones”, argumentaron los firmantes. Además, sostuvieron que esa falta de “integridad ética” es incompatible con los principios y enseñanzas de la universidad pública, resaltando que podría dejar consecuencias en los propios estudiantes.