A días de cumplirse nueve meses desde el intento de asesinato de Cristina Kirchner, el fiscal federal Carlos Rívolo pidió este lunes enviar a juicio oral a los detenidos Fernando Sabag Montiel, Brenda Uliarte y Nicolás Carrizo por el hecho ocurrido el 1 de septiembre último frente al domicilio de la vicepresidenta, en el barrio porteño de Recoleta
De esta manera, a través de un escrito de 197 carillas, Rívolo clausuró las responsabilidades sobre los tres detenidos, y dejó afuera del cerco acusatorio a las personas señaladas como posibles instigadores, partícipes y financistas, varios de ellos vinculados a Juntos por el Cambio.
En este marco, la fiscalía pidió a la jueza del caso, María Eugenia Capuchetti, que dé por cerrada la parte de la investigación vinculada al autor material del disparo, Sabag Montiel, a su novia y al llamado “líder” de la denominada banda de los “copitos”, Carrizo.
Para el fiscal, la conducta de los tres acusados fue “premeditada”, e idearon “un plan para llevar a cabo el asesinato de la Vicepresidenta de la Nación”.
Por lo tanto, ahora será la jueza Capuchetti quien deberá decidir si da o no por cerrada la parte de la investigación que refiere a los autores materiales, pero que no incluye a los instigadores o autores intelectuales, lo cual abona la teoría de que quienes quisieron matar a CFK fueron “tres loquitos sueltos”, tal como lo esbozaron algunos comentaristas y hasta dirigentes de la oposición, tal como lo dijo el ex presidente Mauricio Macri.
En tanto, los abogados de la vicepresidenta ya habían adelantado que se opondrían a que el caso se eleve a juicio en este momento. En tal sentido, sostienen que todavía quedanpruebas por profundizar, y que podría haber otros responsables del ataque que no fueron acabadamente investigados. Rívolo advirtió, en su dictamen de hoy, que existen “hipótesis de investigación con medidas de prueba pendientes” sobre las que se seguirá trabajando en su fiscalía, aunque la causa se eleve a un tribunal oral.
En el caso de Sabag Montiel, de “ocupación remisero en Remitour y vendedor de algodones de azúcar”, le imputó “haber intentado matar, de manera premeditada, a Cristina Kirchner-, contando para ello con la planificación y acuerdo previo de Brenda Elizabeth Uliarte y Gabriel Nicolás Carrizo”.
El fiscal argumenta que se valió –además de las filmaciones- de otra gran cantidad de pruebas, entre ellas, la de los mensajes que se mandaron Sabag Montiel y Uliarte planificando el hecho desde muchos días antes, incluso, con la idea de llevarlo a cabo antes y de los que ellos tuvieron con terceras personas. Tal fue la planificación que hasta idearon alquilar un inmueble cercano a la vivienda de la vicepresidenta y desde un balcón atentar con un arma de fuego, algo que, finalmente, desistieron, según surge de esas conversaciones.
Respecto a Carrizo, detenido semanas después del hecho, la fiscalía valoró una conversación minutos después del fallido atentado entre él y Uliarte, donde él pensaba que Sabag Montiel había utilizado un arma de fuego provista por él.
“Respecto a la financiación del ataque, resulta objetivo e incontrastable que la logística y la materialidad del acto en sí, no requirió de una gran inversión de dinero u otros recursos”, dijo el fiscal, y tuvo en cuenta que el arma utilizada, incluso, pudo llegar de forma gratuita a Sabag Montiel, ya que la misma pertenecía a un amigo suyo que había fallecido tiempo atrás y con el cual el ahora acusado había convivido.
También, Rívolo se refirió a la posible relación de los imputados con algún partido político o agrupación: “No surgió vínculo alguno de los nombrados con ninguna agrupación o persona que a esta altura permitiera siquiera sospechar sobre la posibilidad de que se les hubiese brindado asistencia para el suceso”, dijo.
“Tampoco lo dicho por los testigos apuntó en dirección a terceras personas, o a la relación de los imputados con agrupaciones o partidos políticos, etc. Toda la prueba reunida hasta aquí revela que los imputados llevaron a cabo el acto por sí solos”, sostuvo.
La fiscalía, la cual tiene delegada la investigación, es la que hizo el pedido en momentos en que la vicepresidenta, quien es querellante en la causa, solicita más medidas de prueba y vincula a sectores de la oposición, como el diputado de Juntos por el Cambio, Gerardo Milman.