A partir del próximo martes, el Gobierno enfrentará el tratamiento en particular de la Ley Ómnibus, que el viernes último logró media sanción de la Cámara de Diputados. La expectativa es que el texto “se modifique lo menos posible”, mientras los gobernadores presionan para discutir con el Ejecutivo “un nuevo pacto fiscal”.
Lógicamente la votación favorable de la iniciativa en la Cámara bajas fue recibida como una buena noticia por el oficialismo, que ahora aspira a que los legisladores encabezados por el titular del bloque Hacemos Coalición Federal, el diputado nacional Miguel Ángel Pichetto, voten los dos puntos más calientes de la reforma propuesta por el Ejecutivo: las facultades delegadas y las privatizaciones de las empresas públicas.
El presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados, José Luis Espert, ya había adelantado esta semana que esperaban que la oposición votara en favor de estos dos puntos.
Previo a la media sanción del dictamen de mayoría, se votó la derogación de los artículos sobre el capítulo fiscal, financiamiento político y sobre ley de pesca, entre otros. Asimismo, a lo largo de toda la jornada se reanudaron las negociaciones entre funcionarios del Gobierno y los bloques dialoguistas para intentar superar los puntos donde aún existen discrepancias.
Entre los puntos a debatir aparecen la cantidad de empresas del Estado que el Gobierno pretende que sean privatizadas, y como prenda de cambio, el Ejecutivo retiró a nueve firmas de una nómina original en la que figuraban 41 compañías.
Las empresas que no se privatizarán -según esa propuesta del oficialismo– son el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), Casa de Moneda, Dioxitek S.A; Fabrica Argentina de Aviones, Fabricaciones Militares, Radio de la Universidad del Litoral, Servicio de Radio y TV de la Universidad de Córdoba, Vehículo Espacial Nueva Generación y Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio. Los legisladores señalan que hay un principio de acuerdo en este punto, pero tanto la UCR como Hacemos se oponen a las privatizaciones del Banco Nación, la Televisión Pública y Radio Nacional.
En esta línea, el segundo punto que genera mayores discrepancias es el reclamo de las provincias que piden la coparticipación del Impuesto PAIS, una idea rechazada por el oficialismo. El pedido de los gobernadores partió las aguas dentro del frente oficialista cuando el lunes el ministro del Interior, Guillermo Francos, anunció, tras una reunión con gobernadores y legisladores dialoguistas, que estaba en discusión “el tema del impuesto PAIS y las empresas sujetas a privatización”.
Pero poco después, desde la Oficina del Presidente se aclaró que “el impuesto PAIS y el resto del paquete fiscal se discutirá más adelante”.
La mega ley enviada por el Ejecutivo pasó de tener más de 500 artículos a cerca de 300 que se tratarán en particular la próxima semana en la Cámara Baja.
El presidente del bloque La Libertad Avanza en la Cámara de Diputados, Oscar Zago, aseguró que, tras la media sanción del proyecto de la ley “Bases” en el Congreso Nacional, su espacio buscará “convencer y seguir dialogando con gobernadores, diputados y disidentes” para lograr la aprobación en particular de los artículos que contiene la iniciativa.
En tanto, el jefe del bloque de diputados de Unión por la Patria (UxP), Germán Martínez, afirmó que el oficialismo “debería ser el primer interesado en hacer las cosas bien”, y consideró que “el 98 por ciento” de la Cámara baja “no sabía lo que estaba votando”, en relación al dictamen de la ley “Bases” que obtuvo media sanción en el cuerpo.
“Hay que agregarle las facultades que le dan (a los grupos concentrados) en la ley ‘Bases’ para intervenir en todos los organismos descentralizados que tiene la Argentina como el Enacom, los medios públicos y el Anmant, entre otros. Por eso se viene un martes donde se pondrá a prueba la coherencia de todo el sistema político argentino”, subrayó.