Juicio político a Milei: hay consenso en la oposición para que el cordobés Llaryora asuma como presidente interino

El presidente Javier Milei amenazó con cerrar el Congreso al que considera “un nido de ratas” y “mear” a todos los gobernadores si no aprueban el DNU y la Ley Ómnibus que volverá a presentar en estos días. El establishment económico empieza a preocuparse de un presidente que en solo tres meses paralizó el consumo y produjo perdidas monumentales al llamado Círculo Rojo. Hasta el FMI le advierte que no puede seguir ajustando con los jubilados y los asalariados porque las protestas sociales serán imparables. “Menos tuit y más gestión”, le piden desde los círculos de poder, pero Milei no escucha.

William Shakespeare, en una escena de la tragedia de Hamlet, pone en la voz de centinela del príncipe, una frase que quedará en el imaginario popular: “Algo huele mal en Dinamarca”. Quizás para no irnos tan lejos, el general Perón  decía que las instituciones como el pescado suelen comenzar a podrirse por la cabeza y ya hay mal oler en la Casa Rosada.

A escasos tres meses de gobierno, la Cámara de Diputados ya tiene dos pedidos de juicio político al presidente por mal ejercicio de sus funciones. El primer pedido lo hizo el ex precandidato a presidente del Frente LiberAr, Ramiro Eduardo Vasena, donde señala el mal desempeño en sus funciones prevista en el artículo 53 de nuestra Constitución Nacional justamente por afirmar que el congreso es un “nido de ratas”.

El segundo pedido de juicio político fue firmado el ex juez federal Carlos Rozanski y la ex diputada Dora Barrancos, más un grupo de destacadas personalidades.  El escrito señala como  motivo principal que el presidente habría incurrido “de manera reiterada en la causal de mal desempeño a través de diversas apariciones públicas así como en aportes deliberados en redes sociales de amplia difusión”.

En el documento se especifican “situaciones del ámbito político económico, con graves delitos sexuales así como de violación de la legislación vigente en materia de discapacidad”. Para justificar sus acusaciones, los firmantes alegan las constantes intervenciones del jefe de Estado en la red social X (exTwitter).

Luego los firmantes fundan su denuncia en “lo dispuesto en la Constitución Nacional (arts. 53,59 y 60) en lo que respecta al juicio político del presidente de la Nación, así como en la normativa internacional (art. 75 inc. 22) respecto de la protección integral a los Derechos Humanos”.

Más allá de estas presentaciones en la Cámara de Diputados, la decisión de dar inicio a este tipo de medidas tiene un contenido político y hoy por hoy no todos los sectores están de acuerdo.  Ricardo Quintela, gobernador de La Rioja cree que  hay clima para impulsar el juicio político: “El presidente no está en su sano equilibrio” pero su par de La Pampa, Sergio Ziliotto, considera que todavía “no hay músculo político” para llevar adelante tan medida.

Eduardo Buzzi, ex titular de la Federación Agraria considera que cuando hay riesgo institucional en la Republica, “un juicio político por insania” puede ser convocado de ser necesario. Desde el sindicalismo, el dirigente de ATE-Capital, Daniel Catalano, se pregunta en las redes: “¿No sería el momento de analizar el inicio de juicio político para Javier Milei?” y el diputado y dirigente de SMATA, Paco Manrique afirmó que “voy a plantear que se estudie la forma de hacerle juicio político a Milei; no está en sus cabales para gobernar una Nación”.

Ahora bien, para que se inicie el juicio político se debe comprobar “el mal desempeño de las funciones de un funcionario, que es una causal subjetiva y, por otro lado, la comisión de delitos en ejercicio del cargo o por fuera de la función pública, que son 2 causales objetivas que requieren una condena previa”.

La Constitución establece que la Cámara de Diputados es quien ejerce la acusación, con una mayoría de dos tercios de los presentes, ante el Senado, que con la misma mayoría juzga al acusado. 

Para lograr los dos tercios en Diputados se necesita un acuerdo previo de la oposición, ya que no es fácil conseguir ese número. Por lo pronto tiene que haber acuerdo entre el peronismo, el radicalismo y Hacemos Cambio Federal para llegar a las 2/3 partes.

Por estos días, ya se habla en los pasillos del Congreso cómo sería la transición si Milei renuncia o va a un juicio político. La oposición está preocupada que la gente salga a la calle y se termine en una brutal represión con muertos como sucedió durante el gobierno de Fernando de la Rúa y que el descontrol se lleve el proceso democrático. Un juicio político sería una transición razonable ante un presidente que se presenta como un anarco capitalista mesiánico que considera que tiene la verdad revelada. Recordemos a Albert Camus cuando afirmaba que  “aquellos que pretenden saberlo todo y resolverlo todo acaban siempre por matar”.

Desde el PRO, Mauricio Macri considera que si Milei renuncia debe asumir la presidencia Victoria Villarruel, pero desde el peronismo y el radicalismo se oponen a que una negacionista se haga cargo del poder Ejecutivo, por lo cual ya se piensa en un gobernador para que ocupe la presidencia en forma interina, para luego llamar a elecciones presidenciales en el 2025. En Unión por la Patria se inclinarían por los gobernadores Ricardo Quintela o Axel Kicillof pero el anti peronismo imperante en el radicalismo y en Hacemos Federal lo impediría. A su vez el peronismo se opondría a que un gobernador del radicalismo o del PRO ocupen la presidencia, de allí que habría consenso para acordar que el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora sea el próximo presidente interino hasta que llame a elecciones nacionales el próximo año.