A las ya habituales violentas escenas justificadas por el Protocolo Antipiquetes en cada movilización, el congelamiento y suspensión de Potenciar Trabajo y suspensiones de las obras en los barrios populares, en las últimas horas se sumó un nuevo capítulo con la persecución a comedores populares, con 27 allanamientos en domicilios de la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano.
Con métodos claramente persecutorios, allanamientos de madrugada y vehículos sin identificación, la policía realizó esos allanamientos en los que secuestraron celulares, computadoras y documentación.
Se trata de una denuncia impulsada por la ministra de seguridad, Patricia Bullrich, en el marco de un ataque generalizado del gobierno hacia los movimientos sociales, que incluye el recorte en las partidas de alimentos para los comedores.
Bullrich celebró la acción de la justicia, asegurando que se trata de “denuncias anónimas” hechas a la línea telefónica que el propio gobierno abrió para denunciar supuestas “extorsiones” para participar de las movilizaciones o para cobrar un plan, así como supuestos desvío de fondos destinados para los comedores.
Demás está decir que las incomprobables denuncias anónimas reproducen la campaña de difamación que el gobierno viene repitiendo sobre los movimientos sociales.
El 20 de diciembre último, cuando se realizó la primera marcha de movimientos territoriales a poco de asumir Milei, el gobierno habilitó la línea 134, para hacer denuncias a dirigentes que “presionaran por ir a las movilizaciones”.
Paralelamente, como parte de una más que evidente operación política y de prensa, el Ministerio de Capital Humana que encabeza Sandra Pettovello anunció que realizarán una denuncia penal porque hicieron un supuesto relevamiento en donde detectaron que, de los comedores que recibían ayuda del Estado, un 50% de ellos no existía.
Y mientras el gobierno no ha dado respuesta al reclamo de abastecimiento de los comedores, la funcionaria tiene una denuncia judicial por no hacer efectivas las partidas asignadas, algunas de ellas provenientes de organismos internacionales.
Justamente, en este contexto político el gobierno lanza un contraataque contra las organizaciones territoriales, y va a intentar aprovecharse de que la mayoría de la población no sabe cómo funcionan esas agrupaciones que nuclean mayoritariamente a mujeres madres de familia que no tienen otro trabajo estable.
Los allanamientos tienen como objetivo no sólo justificar el inhumano recorte a los comedores populares, sino también atacar las cooperativas, bajo la excusa de ser fuentes de corrupción y “desvío de fondos”.
El expediente está a cargo del fiscal federal Gerardo Pollicita, que dispuso los 27 allanamientos que se realizaron, durante la madrugada, contra integrantes del Polo Obrero, el Frente de Organizaciones en Lucha, y Barrios de Pie.
En una conferencia de prensa realizada frente al Congreso, por las organizaciones sociales, se denunció que la investigación judicial no tiene sustancia. “Con esta causa va a pasar lo de siempre; es una campaña de difamación para sembrar el miedo, de las acusaciones no va a quedar nada”.
En tanto, el gobierno nacional aseguró que durante la instrucción de la causa se conoció que los acusados “habrían exigido coactivamente a los beneficiarios de planes sociales su participación en marchas y manifestaciones públicas y/o la entrega de una porción del dinero, bajo la advertencia expresa en algunos casos de ‘dar de baja el plan’, conformando un total de 924 casos”.
En respuesta a lo señalado por la ministra de Seguridad, la abogada Rayo Alanís, que representa a los imputados del Polo Obrero, sostuvo que el ministerio hace una campaña mediática. “Los casos no son más de 900, sino 12, y no están probados”, aseguró.
“Denunciamos la escalada represiva de Bullrich y Milei. Han montado, con falsas denuncias, un esquema para avanzar en la criminalización de la organización social y popular”, informó por su parte en un comunicado la Federación Nacional de Trabajadores cooperativistas precarizados y de la economía social + CTD Anibal Verón.