Nada de sanciones. Y menos que menos la posibilidad de expulsarlos. A pesar de la gravedad institucional que representó la visita de un grupo de diputados libertarios a genocidas y represores de la última dictadura, gracias a la patética complicidad del PRO y del radicalismo, el oficialismo logró que finalmente no se investigue esa escandalosa presencia de legisladores en el penal de Ezeiza el 11 de julio último, por lo que en los próximos días solo se terminará emitiendo una declaración de repudio o, a lo sumo, un apercibimiento.
El hecho es que La Libertad Avanza se salió con la suya, ya que en la práctica clausurará el tema, ya que apenas se acordó citar para la semana que viene a los involucrados para que hagan su descargo. Y como si fuera poco, la convocatoria no es obligatoria, por lo que los diputados pueden desestimarla o presentar una respuesta por escrito.
Mientras tanto, los representantes de Unión por la Patria y el Frente de Izquierda pidieron que los diputados libertarios que posaron en una foto con los condenados renuncien a sus cargos. En contraste, el PRO, la UCR y Hacemos Coalición Federal prefieren que se condene el hecho en la Cámara sin aplicar sanciones.
En este marco, los legisladores tenían dos opciones: emitir un dictamen para crear una nueva comisión, o dejar que la comisión de Asuntos Constitucionales se encargue de analizar la conducta de los diputados implicados. Esta última es la comisión habilitada por la Constitución Nacional para considerar la exclusión por “inhabilidad moral” de un miembro.
Actualmente el plenario de Peticiones, Poderes y Reglamento y de Asuntos Constitucionales está bajo la presidencia de Silvia Lospennato y María Eugenia Vidal. Esto ocurrió después de que Nicolás Mayoraz, de La Libertad Avanza, renunciara a la presidencia de la comisión tras verse involucrado en los chats de whatsapp donde se habría organizado la repudiable visita.
Durante un acalorado debate de las comisiones de Peticiones, Poderes y Reglamento y de Asuntos Constitucionales de la Cámara baja, el kirchnerismo denunció que detrás de este episodio hay “un plan de impunidad con el objetivo de liberar genocidas”, y que esto amerita una investigación por parte de los diputados que debería, al menos, incluir la citación de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, ante las sospechas de que habría facilitado el ingreso de los seis libertarios al penal de Ezeiza.
Del encuentro habían participado los legisladores Beltrán Benedit, Guillermo Montenegro, Rocío Bonacci, Alida Ferreyra, María Fernanda Araujo y Rocío Arrieta, quien en los últimos días se despegó y ´cuestionó a sus compañeros de bloque por organizar la reunión.
Desde UP se insistió en que no es suficiente una declaración de repudio o, como calificó el titular de la bancada, Germán Martínez, una “sanción light”. Martín Soria fue más allá e incluso advirtió que en la visita habrían concurrido delitos como abuso de poder, tráfico de influencias, cohecho y asociación ilícita.
“Esto no fue solo una visita, una visita aislada. Hubo otra anterior, el 11 de marzo. En los chats aparecen más nombres de diputados, además de los que fueron a Ezeiza. Uno de ellos [el entrerriano Beltrán Benedit, el organizador de la visita] comenta que le pidió a la ministra [Bullrich] que se eliminen los procedimientos habituales y legales para el ingreso al penal. ¿O habrá sido la ministra la que le propuso facilitarle el ingreso al diputado? ¿No les genera ninguna pregunta esto?”, lanzó la diputada Paula Penacca.
Pese a la insistencia de los kirchneristas, tanto el oficialismo como los diputados de PRO y la UCR rechazaron la idea de iniciar una investigación. La diputada Lospennato fue clara: su comisión no tiene facultades investigativas. “Solo la tiene la Comisión de Juicio Político”, enfatizó.
No deja de resultar llamativo que hace apenas una semana atrás la Unión Cívica Radical pidió a los diputados nacionales de su bloque que impulsen “la máxima sanción” a los legisladores de La Libertad Avanza que visitaron a los condenados por delitos de lesa humanidad. Y, en un enérgico comunicado, reclamó que se investigue si “compartieron encuentros e intercambios con abogados para analizar posibles alternativas para su liberación”.
El Comité Nacional partidario, que preside el senador Martín Lousteau, ratificó, así, el repudio que había expresado el 17 de julio pasado, al trascender la reunión de los diputados libertarios con represores, entre los que se encontraba el ex marino Alfredo Astiz, entre otros.
“La gravedad de estos hechos no tiene precedentes en los 40 años de democracia y tienen como objetivo avasallar las decisiones que la Justicia, en procesos transparentes, justos y con todas las garantías constitucionales condenaron a los responsables del terrorismo de Estado”, se afirma en la declaración de la UCR.
“Los radicales somos tributarios del compromiso con los derechos humanos y la búsqueda de la verdad y la justicia que inició Raúl Alfonsín al asumir el gobierno en 1983 y hemos hecho del Nunca Más nuestra causa”, añade el pronunciamiento, en referencia al informa de la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas (Conadep).