A pesar de la intención del Gobierno en cuanto a la necesidad de “clausurar el tema”, en lo referido al escándalo cripto que tiene como protagonista para sus inversores, el presidente aparece entre los acusados en la principal demanda colectiva por la estafa de $LIBRA, de acuerdo a un comunicado que dio a conocer en las últimas horas la firma Burwick Law.
Lo hizo en representación de damnificados por la manipulación de esa criptomoneda, que culminó en una pérdida de más de 250 millones de dólares por parte casi 80 mil personas, mientras que una sola, Hayden Davis, presentada por el presidente argentino como su asesor y visitante asiduo de la Casa Rosada en los meses previos, se embolsó en menos de una hora 100 millones de dólares.
“El token Libra se comercializó como una innovación financiera justa y dirigida hacia la comunidad, pero en realidad era un esquema controlado por personas con información privilegiada. El lanzamiento permitió a personas con información privilegiada pre posicionadas manipular la liquidez, inflar los precios y extraer millones antes de que el mercado colapsara, dejando a los inversores minoristas con pérdidas sustanciales”, dice el texto que anticipa una presentación ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York “a más tardar el 14 de abril”.
De acuerdo al comunicado de la firma legal, “la evidencia muestra que Kelsier Ventures, KIP, los proveedores de infraestructura y ciertos Líderes de Opinión Clave (KOL, por sus siglas en inglés) desempeñaron un papel clave en la promoción engañosa, la extracción estructurada de liquidez y los movimientos de precios controlados por personas con información privilegiada” por lo que la querella intentará apuntar la responsabilidad contra “Meteoria, Kelsier, KIP, los proveedores de infraestructura y ciertos KOL”.
El único KOL, o líder de opinión, que desempeñó “un papel clave en la promoción engañosa” es Javier Milei, que de esta manera queda apuntado por los demandantes.
Burwick es un estudio de abogados que se especializa en el mercado cripto y representó, en otros casos, a figuras públicas que fueron engañadas por estos buscavidas digitales, por eso el texto se encarga de aclarar que la responsabilidad recae no recae en “influencers engañados”, sino en quienes “participaron directamente en la estructuración o ejecución del esquema”.