Mientras Javier Milei pasea por París y promete que, si lo vuelven a votar en 2028, “todo va a ser mejor”, en la Argentina crece una discusión que toca dos cuestiones centrales de cualquier país: la soberanía sobre el territorio y el control de sus recursos naturales.
Y en el medio aparece Malvinas.
Porque mientras el Gobierno argentino intenta mostrar un endurecimiento de su posición frente al Reino Unido, Washington acaba de dejar en claro cuáles son sus prioridades. El embajador de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Mike Waltz, afirmó que la Casa Blanca buscaría “desescalar” una eventual crisis entre la Argentina y el Reino Unido por Malvinas y recordó, al mismo tiempo, que Estados Unidos mantiene una “relación especial” con Gran Bretaña.
La frase no es menor.
Cuando se trata de Malvinas, Estados Unidos vuelve a quedar parado entre sus vínculos con la Argentina y su alianza histórica con el Reino Unido.
Y la pregunta inevitable es qué significa realmente para nuestro país esa supuesta alianza estratégica con Washington cuando del otro lado están los intereses británicos en el Atlántico Sur.
Durante buena parte de su gobierno, Milei había mantenido una relación particularmente cercana con Estados Unidos y con el Reino Unido, mientras la cuestión Malvinas no ocupaba el centro de su agenda política.
Pero en las últimas semanas hubo un cambio más electoral que real. El Gobierno anunció sanciones contra empresas vinculadas con la explotación de recursos en las islas y, el 28 de septiembre, inició un procedimiento de arbitraje internacional contra el Reino Unido para intentar frenar el proyecto petrolero Sea Lion en la Cuenca Malvinas Norte.
Londres respondió con dureza y convocó a la embajadora argentina para cuestionar las medidas adoptadas por Buenos Aires. El Reino Unido sostiene que no tiene dudas sobre su soberanía sobre las islas y defiende la explotación de los recursos.
Y ahora Washington aparece en escena para pedir que la tensión baje.
El mensaje de Waltz es particularmente significativo: Estados Unidos reconoce a la Argentina como “gran amiga”, pero inmediatamente recuerda su relación especial con Londres.
No hace falta demasiada imaginación para entender el problema.
Cuando los intereses argentinos chocan con los británicos, la relación especial de Washington con Londres vuelve a pesar.
Y mientras tanto, la tierra
En paralelo, la oposición pidió una sesión especial en la Cámara de Diputados para el 15 de octubre con el objetivo de avanzar contra el DNU 70/2023, que derogó la Ley de Tierras Rurales y eliminó las restricciones que existían para la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros.
El Senado ya había rechazado el DNU, pero la Cámara de Diputados todavía no lo trató en forma definitiva. Para abrir la sesión del 15, la oposición necesita reunir el quórum necesario y todavía existen dudas sobre varias bancadas.
El tema volvió a tomar fuerza después del reciente fallo de la Corte Suprema en la causa iniciada por el Centro de Excombatientes de las Islas Malvinas (CECIM) de La Plata.
La Corte dejó sin efecto la decisión judicial que había suspendido la aplicación de las modificaciones introducidas por el DNU en materia de tierras. El máximo tribunal fundamentó su decisión en cuestiones procesales vinculadas con la legitimación de quienes habían promovido la demanda, por lo que técnicamente no resolvió el fondo de la constitucionalidad del decreto.
Pero el efecto político fue inmediato.
La posibilidad de que se flexibilice la adquisición de tierras rurales por capitales extranjeros volvió al centro de la discusión.
Y ahí aparece una coincidencia que resulta difícil de ignorar: Malvinas, tierras y recursos naturales forman parte de una misma discusión sobre soberanía.
El 15, la calle y el Congreso
La jornada del 15 de octubre tendrá además otro componente.
El Consejo Interuniversitario Nacional confirmó la realización de la quinta Marcha Federal Universitaria, con concentración frente al Congreso. El reclamo incluye el financiamiento de las universidades, la recomposición salarial y el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.
De esta manera, el Congreso puede convertirse ese día en el escenario de una movilización mucho más amplia, donde confluyan distintos sectores y reclamos.
La oposición buscará avanzar contra el DNU.
El movimiento universitario volverá a reclamar por el financiamiento de la educación pública.
Y distintas organizaciones sociales, sindicales y políticas preparan su presencia en las calles.
Pero detrás de todos esos reclamos aparece una discusión todavía más profunda:
¿Qué país queda después de las reformas de Milei?
Porque una cosa es discutir impuestos, salarios o el tamaño del Estado.
Y otra muy distinta es discutir quién controla la tierra, quién explota los recursos naturales y qué margen conserva la Argentina para defender sus intereses frente a las grandes potencias.
El 15 de octubre, el Congreso puede convertirse en el escenario de una discusión que va mucho más allá de un decreto.
Se va a discutir qué se puede vender, quién puede comprarlo y hasta dónde llega la soberanía argentina.
Y mientras en Washington hablan de “desescalar” y Londres defiende sus intereses en Malvinas, la Argentina tiene que preguntarse algo bastante más sencillo:
¿Quién defiende lo nuestro cuando los intereses de las grandes potencias están en juego?
Porque las tierras no se imprimen.
El petróleo no vuelve después de ser extraído.
Y Malvinas no es una ficha para acomodar según las necesidades de una alianza internacional.
La soberanía no puede depender del humor de Washington, de los negocios de Londres ni de las conveniencias electorales de ningún gobierno.
El 15, la discusión llega al Congreso.
Y esta vez no se trata solamente de un decreto: se trata de saber qué queda de la Argentina.