A partir de hoy, los trabajadores del Área Metropolitana de Buenos Aires vuelven a recibir otro golpe directo al bolsillo: viajar en tren o colectivo es más caro. El ajuste del gobierno libertario no se detiene y se siente todos los días en la vida cotidiana, donde cada vez alcanza menos: cae el consumo de carne, de frutas y verduras, y cada vez más familias llegan con lo justo —o ni siquiera— a mitad de mes.
Mientras tanto, desde el Boletín Oficial se oficializó un esquema de aumentos escalonados en el transporte público que se extenderá hasta septiembre. Una hoja de ruta del tarifazo que, lejos de aliviar, profundiza la asfixia. Para los de arriba, beneficios; para los de abajo, ajuste.
En el caso de los colectivos nacionales —los que cruzan la General Paz o el Riachuelo— el boleto mínimo pasó de $700 a $714 para quienes tienen la tarjeta SUBE registrada. Pero el castigo es mayor para quienes no la tienen nominalizada: pagan el doble.
Las tarifas, además, escalan según la distancia:
- De 3 a 6 km: $807,07
- De 6 a 12 km: $894,17
- Más de 27 km: $1.085,49
Siempre con el mismo esquema regresivo: sin SUBE registrada, el doble.
Y esto recién empieza. El cronograma oficial prevé nuevas subas: el 15 de junio el mínimo será de $728,28 y el 15 de julio llegará a $742,81, con incrementos mensuales del 2% que se acumulan como una bola de nieve sobre ingresos congelados.
Trenes: un boleto que casi se duplica
En los trenes, el golpe es todavía más brutal. El aumento de este mes es solo el primero de una seguidilla que llevará la suba acumulada al 89% en septiembre.
Hoy, el boleto mínimo para la primera sección (0-12 km) cuesta $330; la segunda (12-24 km), $429; y la tercera (+24 km), $528. Pero el esquema ya está definido:
- Junio: $380
- Julio: $430
- Agosto: $480
- Septiembre: $530
En cinco meses, el pasaje prácticamente se duplica. Otra vez, con castigo extra para quienes no tienen SUBE registrada o pagan en efectivo, donde el costo puede trepar hasta $1.100 sin importar el tramo.
El argumento oficial es conocido: suben los costos del gasoil, los seguros y los repuestos, y hay que “sincerar tarifas”. Pero ese sinceramiento siempre cae del mismo lado: el de los trabajadores que necesitan viajar para sostener su vida diaria.
El ajuste, siempre al mismo bolsillo
El Gobierno también justificó que las tarifas nacionales todavía están por debajo de las de la Ciudad y la Provincia. Pero esa comparación omite lo central: los salarios vienen perdiendo contra la inflación y el transporte se convierte en un gasto cada vez más pesado dentro del presupuesto familiar.
La llamada “tarifa social” y los descuentos de la Red SUBE funcionan como parches frente a una política que, en esencia, traslada el costo del sistema a los usuarios.
Viajar para trabajar, estudiar o simplemente vivir ya no es un derecho: se está transformando en un privilegio. Mientras el Gobierno habla de “ordenar la economía”, lo que ordena en realidad es quién paga la crisis. Y como siempre en la Argentina de Milei, la cuenta llega puntual… pero solo al bolsillo de los que menos tienen.