Mientras el poderoso establishment económico le suelta la mano al presidente Javier Milei por sus enfrentamientos con sectores de peso del propio poder económico y mediático, ya empiezan a analizar alternativas para garantizar la continuidad del mismo modelo de ajuste, endeudamiento y transferencia de recursos hacia los sectores más concentrados. En ese escenario aparecen nombres como Patricia Bullrich o Mauricio Macri como posibles reemplazos, siempre con la condición de sostener intacto el rumbo económico que castiga a las mayorías populares.
Sin embargo, hay una preocupación que atraviesa a los grupos de poder: la posibilidad de que el peronismo vuelva a convertirse en una alternativa electoral competitiva de la mano de Axel Kicillof, hoy una de las principales figuras de la oposición.
Por eso no sorprende que, una vez más, la ofensiva política tenga su correlato en los tribunales de Comodoro Py. En las últimas horas, la Justicia volvió a colocar a Cristina Fernández de Kirchner en el centro de la escena con la amenaza de revocar su detención domiciliaria y enviarla a una cárcel común.
La lógica parece evidente: mantener viva la persecución política contra quien sigue siendo, once años después de dejar la Presidencia, una de las dirigentes con mayor respaldo popular del país. A pesar de la condena, del hostigamiento mediático permanente y de un año de restricciones, Cristina continúa conservando un importante núcleo de apoyo social que incomoda a sus adversarios.
Ese respaldo volvió a quedar expuesto días atrás durante el último adiós a Taty Almeida, cuando el cortejo fúnebre pasó por San José 1111 y se detuvo para que la ex presidenta pudiera despedir a una de las referentes históricas de los organismos de derechos humanos. También quedó reflejado en las permanentes muestras de afecto y solidaridad que recibe de miles de personas.
El juez de ejecución penal Rodrigo Giménez Uriburu intimó formalmente a Cristina Kirchner a cumplir estrictamente las condiciones de su arresto domiciliario y advirtió que podría dejar sin efecto ese beneficio si se repiten situaciones que, según su criterio, alteren el orden público.
La resolución se apoya en el artículo 34 de la Ley 24.660 de Ejecución Penal, que habilita al magistrado a modificar las condiciones de detención ante eventuales incumplimientos injustificados. La advertencia llegó luego de un banderazo realizado frente al domicilio de la ex mandataria, una movilización impulsada por simpatizantes que expresaron su apoyo.
Según el fallo, Cristina habría participado activamente de la convocatoria al exhibir desde su balcón una bandera de grandes dimensiones que atravesaba la calle. Además, el magistrado consideró que las manifestaciones afectan la convivencia vecinal y alteran la vida cotidiana del barrio.
Más allá de los argumentos jurídicos, el trasfondo político resulta imposible de ignorar. La historia argentina demuestra que el antiperonismo nunca se limitó a la disputa electoral. Perón fue encarcelado en 1945, la Plaza de Mayo fue bombardeada en 1955, miles de militantes fueron perseguidos, encarcelados, fusilados o desaparecidos, y el líder justicialista permaneció diecisiete años en el exilio. Sin embargo, ninguna de esas acciones logró borrar al movimiento que representaba.
Como escribió John William Cooke, “el peronismo es el hecho maldito del país burgués”. Tal vez por eso algunos siguen creyendo que los problemas políticos pueden resolverse en los tribunales y no en las urnas.
Podrán intentar disciplinar a Cristina, proscribir dirigentes o judicializar la política, pero la historia argentina ya demostró que cada vez que el poder creyó haber derrotado al peronismo terminó chocando contra una realidad incómoda: las ideas pueden perseguirse, los líderes pueden ser encarcelados, pero ningún juez tiene la llave para encerrar a un pueblo cuando decide volver a hacerse escuchar.
