Crecen los pedidos para que la Justicia investigue al streaming Carajo, luego de la difusión de expresiones en las que algunos de sus participantes habrían promovido discursos discriminatorios y violentos, incluyendo referencias a utilizar “bombas de napalm” en el conurbano bonaerense, esterilizar a parte de la población y atacar a personas por el color de su piel.
Quienes impulsan la denuncia sostienen que esos dichos exceden los límites de la libertad de expresión y podrían constituir una posible incitación a la violencia y a la discriminación, por lo que reclaman la intervención de la Justicia para determinar las responsabilidades correspondientes.
En ese marco, también solicitan que se investigue el funcionamiento del canal y el eventual alcance penal de las manifestaciones realizadas por algunos de sus referentes, en caso de que se considere que pudieron vulnerar la legislación vigente en materia de discriminación o constituir una incitación pública a la violencia.
Los denunciantes sostienen que la gravedad de las expresiones amerita una respuesta institucional y que corresponde a los tribunales analizar si se configuró algún delito y qué medidas deben adoptarse.
Cuando desde un micrófono se naturaliza la violencia, el odio o la discriminación, el debate deja de ser político para convertirse en un asunto que debe analizar la Justicia. Si el Estado exige responsabilidad a cualquier ciudadano, esa misma vara también debe alcanzar a quienes utilizan un medio de comunicación para difundir mensajes que, según sus críticos, pueden fomentar el odio o la violencia.