En un nuevo ataque contra la oposición, Javier Milei acusó a quienes defienden a los jubilados, las personas con discapacidad y la universidad pública de utilizar «causas nobles» para proteger supuestos negocios políticos. Pero el Presidente parece tener un problema de memoria: su gobierno ajusta a los sectores más vulnerables, beneficia a los más poderosos, entrega empresas nacionales a precios irrisorios y todavía no explica qué pasó con más de 1.000 millones de dólares vinculados a operaciones financieras con el oro del Banco Central. Mientras acusa a los demás de esconder negocios, la pregunta que millones de argentinos le hacen es mucho más sencilla: ¿dónde está la plata y quién se hace responsable del desastre?
La obsesión de Milei con las «cajas» ajenas
En un extenso mensaje publicado en las redes sociales, el Presidente volvió a recurrir a su habitual estrategia de descalificar a quienes cuestionan su política económica. Esta vez, apuntó contra la oposición y los sectores que reclaman por los jubilados, las personas con discapacidad y la educación pública.
«LA ESTAFA DE LAS BANDERAS NOBLES», tituló Milei su publicación, en la que acusó al socialismo de apropiarse de causas legítimas para justificar supuestos negocios financiados con recursos públicos.
Según el mandatario, detrás de los reclamos por derechos sociales existirían estructuras burocráticas, privilegios y mecanismos de corrupción que se escudan en los sectores más vulnerables para evitar controles.
«USAN A LOS POBRES COMO ESCUDO MORAL PARA DEFENDER LOS PRIVILEGIOS DE LA CASTA», escribió, antes de exigir que se abran las cuentas y se publiquen los contratos.
La transparencia es una obligación de cualquier gobierno. Si existen irregularidades, deben investigarse y los responsables tienen que rendir cuentas. Pero el problema de Milei es que utiliza ese argumento para atacar a quienes reclaman derechos mientras evita responder por las decisiones de su propia administración.
Porque si de abrir las cuentas se trata, el Presidente tiene bastante para explicar.
Las empresas que se venden y el patrimonio que se entrega
Desde su llegada al poder, el Gobierno impulsó una política de desregulación, privatizaciones y reducción del Estado que puso en discusión el futuro de numerosas empresas y activos estratégicos.
En los últimos días, la operación vinculada a Aguas y Saneamientos Argentinos (AySA) volvió a encender las críticas por el valor de los activos nacionales y las condiciones en que se realizan estas operaciones. Según las cifras consignadas en el texto original, la empresa habría sido valuada en torno de los 350 millones de dólares, frente a estimaciones que ubican su valor en unos 700 millones. Esas cifras requieren ser contrastadas con la documentación de la operación, pero el interrogante político permanece: ¿cómo se determina el precio de un patrimonio construido durante décadas con recursos de los argentinos?
La discusión alcanza también a operaciones vinculadas con IMPSA, la Hidrovía Paraná-Paraguay y centrales hidroeléctricas, en el marco de una estrategia oficial que busca reducir la participación estatal en sectores considerados estratégicos.
Al mismo tiempo, el país sigue recurriendo al endeudamiento, mientras las provincias denuncian dificultades financieras y las rutas nacionales, la educación y la salud pública padecen la falta de inversiones.
Milei exige que los demás publiquen cada contrato y rindan cuentas hasta del último peso. Es un principio razonable. Pero esa exigencia debe empezar por la propia Casa Rosada.
Universidades y discapacidad: leyes aprobadas que el Gobierno no cumple
La contradicción se vuelve todavía más evidente cuando se observan los reclamos de los sectores que el Presidente utiliza como blanco de sus ataques.
El Congreso aprobó la Ley de Financiamiento Universitario y también una ley vinculada con la emergencia en discapacidad. Sin embargo, el Gobierno se enfrentó con quienes reclamaron su aplicación y resistió las obligaciones que esas normas le imponían, dando lugar a controversias institucionales y judiciales.
Las universidades denuncian el deterioro de sus presupuestos y los salarios de sus trabajadores, mientras las personas con discapacidad y sus familias enfrentan dificultades para acceder a prestaciones esenciales.
¿Dónde está, entonces, la defensa de quienes más necesitan del Estado?
Si el Gobierno considera que existen irregularidades en el manejo de los recursos públicos, tiene herramientas institucionales para investigarlas. Lo que no puede hacer es convertir las denuncias genéricas en una excusa para desfinanciar derechos, incumplir obligaciones o descalificar a todos los que protestan.
La transparencia no consiste en acusar a los demás desde las redes sociales. Consiste en presentar pruebas, responder preguntas y someter las decisiones propias al control público.
El oro del Banco Central y los millones que nadie explica
Mientras Milei exige explicaciones a la oposición, siguen pendientes preguntas sobre el manejo de los activos estratégicos del país.
¿Qué pasó con el oro del Banco Central enviado al exterior? ¿Dónde se encuentra actualmente? ¿Cuáles fueron las condiciones de las operaciones financieras realizadas con esas reservas?
La controversia se agravó después de que se conocieran cifras de pérdidas superiores a los 1.000 millones de dólares vinculadas a operaciones financieras con el oro, según la información citada en el material original y el informe de auditoría mencionado allí.
Se trata de una cuestión que exige explicaciones técnicas y documentación precisa. No alcanza con invocar la confidencialidad ni con pedir confianza en los funcionarios responsables de administrar las reservas nacionales.
A esto se suman las preguntas sobre las denuncias de presuntas irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), un escándalo que alcanzó políticamente a Karina Milei y sobre el que deben avanzar las investigaciones correspondientes. Las responsabilidades deben establecerse con pruebas y mediante los procedimientos judiciales pertinentes.
El Presidente que reclama que se publique cada contrato debería ser el primero en garantizar información clara sobre los recursos públicos y los activos nacionales.
Los argentinos también quieren saber dónde está su plata
Mientras Milei escribe largos mensajes contra sus adversarios, millones de argentinos hacen cuentas para llegar a fin de mes.
El bono de 70.000 pesos para los jubilados permanece congelado desde marzo de 2024, mientras los precios y los gastos cotidianos siguen presionando sobre los ingresos. Las tarifas de luz, gas y agua aumentan, el transporte representa un peso creciente en los presupuestos familiares y los salarios de numerosos trabajadores no logran recuperar el poder adquisitivo perdido.
También crece la preocupación por el cierre de empresas, la pérdida de puestos de trabajo y el deterioro de la actividad industrial.
Esos son los problemas concretos que atraviesan la vida cotidiana de la sociedad. No se resuelven con insultos, acusaciones contra el socialismo ni publicaciones en mayúsculas.
Los argentinos quieren saber qué se hace con los recursos del Estado, cómo se administran las reservas, por qué se venden activos nacionales y qué resultados tiene una política económica que exige sacrificios permanentes a las mayorías.
Milei habla de una supuesta estafa de las causas nobles. Pero para millones de personas, la estafa consiste en haber prometido una mejora de sus condiciones de vida y encontrarse, en cambio, con ingresos deteriorados, servicios más caros e incertidumbre laboral.
Milei busca las cajas ajenas, pero no explica las propias
El Presidente puede acusar a la oposición de defender privilegios, pero no puede pretender que los argentinos dejen de preguntar por el oro, las empresas públicas, las denuncias de corrupción y el destino de los recursos nacionales.
La transparencia no se declama en un tuit: se demuestra con hechos. Y el que exige que los demás rindan cuentas debe empezar por casa. Porque, mientras Milei señala a todo el mundo, la sociedad sigue esperando respuestas. Y cuando llegue el momento de votar, no alcanzarán los insultos ni los enemigos imaginarios para ocultar una realidad que golpea todos los días en el bolsillo de los argentinos.