El gobierno de Javier Milei fue denunciado penalmente por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) por el accionar de las fuerzas federales durante la represión del jueves último a la movilización universitaria y contra el DNU 70 frente al Congreso.
En la denuncia se advierte que los efectivos “excedieron los límites legales” del uso de la fuerza pública, en tanto se pidieron registros de cámaras al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. También se abrió un expediente judicial para recabar informes de la Defensoría y del SAME.
Según la presentación, las conductas de los efectivos de la Policía Federal, Prefectura, Gendarmería, PSA y la Policía de la Ciudad “excedieron los límites de la normativa vigente en el uso de la fuerza”.
“Ello encuadraría en delitos de acción pública, cuya autoría y participación corresponde ser investigada mediante las conductas de los funcionarios, efectivos policiales y autoridades nacionales en el ejercicio de sus funciones”, se indicó.
En concreto, la denuncia penal encuadra el accionar de las fuerzas de seguridad y de sus mandos jerárquicos y políticos en los “delitos de estrago, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público”. El primer delito se fundamenta en la represión indiscriminada con postas de goma, gases lacrimógenos y camiones hidrantes, mientras que los otros apuntan a las órdenes impartidas por fuera de la normativa vigente y en violación de los principios que regulan el uso de la fuerza.
Fue cerca de las 15 del jueves cuando cientos de efectivos de Policía Federal y Gendarmería comenzaron un brutal operativo policial sobre parte de los manifestantes, lo que provocó que los dirigentes universitarios tuvieran que interrumpir el discurso que daban sobre un escenario frente al Congreso, y la posterior desconcentración de la movilización.
Según el mismo organismo, 550 personas resultaron heridas o afectadas por gases lacrimógenos, gas pimienta y postas de goma, las cuales debieron ser atendidas en el lugar. También se denunció que hubo “al menos 6 personas detenidas arbitrariamente” por parte de la Policía porteña durante la desconcentración.
“Tales conductas ostentan una coordinación que permite establecer que sus acciones fueron ordenadas y ejecutadas por superiores jerárquicos con conocimiento y voluntad del ejercicio de la coerción por fuera del marco normativo e incumpliendo con los compromisos internacionales suscriptos por la República Argentina”, se agregó en la denuncia.
Todos los pedidos de la demanda
– Ministerios de Seguridad de Nación y CABA: nómina del personal y recursos utilizados durante el operativo, con la cantidad de efectivos por fuerza, armamentos, vehículos e instrumentos.
– Órdenes de actuación: copias de las instrucciones impartidas por los mandos superiores a través de la radio policial durante la represión.
– Registro de manifestantes: información sobre policías que obtuvieron registros fílmicos y fotográficos de los manifestantes y sobre la existencia de órdenes judiciales que autorizaran ese procedimiento.
– Relevamiento de pruebas: que la recopilación de pruebas, testimonios y videos en comercios de la zona quede a cargo de agentes del Juzgado o de la Fiscalía interviniente, y no de las fuerzas de seguridad denunciadas.
– Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires: copias de todas las grabaciones de domos y cámaras ubicados en el perímetro delimitado por Rivadavia, Callao, Entre Ríos, Hipólito Yrigoyen y Avenida de Mayo hasta Plaza de Mayo, entre las 12 y las 21.
– Defensoría General de la Nación y SAME: informe sobre posibles denuncias o registros heridos durante la jornada y un listado de todas las atenciones médicas realizadas.