El sobreseimiento de Javier Milei, su hermana Karina y los restantes acusados en la Causa $Libra sumó un nuevo frente judicial. La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), el organismo especializado en investigar delitos vinculados con funcionarios públicos, se presentó en el expediente, asumió el impulso de la acción penal y apeló la decisión que benefició al Presidente y a los otros imputados.
La intervención de la fiscalía, encabezada por Sergio Rodríguez, marca un giro respecto de la postura que había sostenido el fiscal Eduardo Taiano, quien había solicitado los sobreseimientos que luego dictó el juez federal Marcelo Martínez De Giorgi.
Al resolver en la causa, el magistrado hizo lugar al requerimiento de Taiano y dispuso el sobreseimiento de las once personas comprendidas en el expediente. Hasta entonces, ninguna había sido convocada a prestar declaración indagatoria. En sus fundamentos, sostuvo que la promoción de $LIBRA y la posterior caída de su precio no alcanzaban para acreditar una estafa.
Según explicó, esa figura penal requiere demostrar un engaño concreto que haya provocado un error en los compradores y un perjuicio patrimonial derivado de esa conducta. A su entender, las pruebas reunidas no permitían establecer esos puntos.
En relación con Javier Milei, señaló que no se había acreditado que su publicación constituyera un acto oficial del Gobierno ni que existieran órdenes, resoluciones administrativas o intervenciones estatales relacionadas con el lanzamiento. Sobre esa base, descartó las hipótesis de abuso de autoridad y negociaciones incompatibles con la función pública.
Respecto de Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, examinó documentación extraída del teléfono de Novelli y referencias a reuniones con personas vinculadas al proyecto. Sin embargo, concluyó que esos elementos no demostraban un acuerdo ilícito ni una intermediación remunerada para facilitar encuentros con el Presidente.
La PIA considera que la investigación no está agotada y que todavía existen aspectos centrales del caso que deben esclarecerse antes de dar por cerrado el expediente.
Por eso, además de cuestionar la resolución, solicitó que se reabra la pesquisa y dejó planteada una apelación subsidiaria para que, si el pedido es rechazado, la Cámara Federal pueda revisar la decisión.
La presentación respondió a un planteo del Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE) y del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), dos organizaciones que intervienen como amicus curiae y que habían reclamado que el organismo especializado tomara las riendas de la investigación.
Ambas entidades habían advertido sobre la posibilidad de que el sobreseimiento se convirtiera en el cierre definitivo de una causa en la que, a su criterio, todavía quedaban numerosas líneas de investigación sin explorar.
El expediente se originó por el lanzamiento de $LIBRA, una criptomoneda que Milei promocionó el 14 de febrero de 2025 desde su cuenta de X. En aquella publicación, el mandatario difundió Viva la Libertad Project, presentado como una iniciativa destinada a financiar emprendimientos privados argentinos, e incluyó información para acceder al token. Su cotización aumentó rápidamente y se desplomó pocas horas después, lo que motivó denuncias de compradores.
A partir de esos hechos, la Justicia comenzó a investigar si existió una maniobra engañosa destinada a inducir inversiones y provocar perjuicios económicos. También se examinaron posibles delitos vinculados con el ejercicio de la función pública y las relaciones entre los promotores del proyecto y personas del entorno presidencial.
Entre los investigados se encontraban, además de los hermanos Milei, el operador Mauricio Novelli, el empresario estadounidense Hayden Davis, vinculado con el lanzamiento del token, Manuel Terrones Godoy y Sergio Morales. Durante la instrucción se incorporaron comunicaciones, documentos y archivos electrónicos relacionados con los contactos entre algunos de los involucrados.