El partido Judicial, junto al gobierno de Mauricio Macri y los medios de comunicación oficialistas presionan desde diciembre para meterla presa a Cristina Fernández de Kirchner. Ahora van por Daniel Scioli y luego irán por los intendentes bonaerenses.
El juez Claudio Bonadío procesó a la ex presidenta bajo la acusación de haber ordenado al Banco Central que vendiera el dólar futuro a un precio menor al mercado para perjudicar al gobierno entrante. Lo hizo a través del delito de “administración infiel en perjuicio de la administración pública” y embargó todos sus bienes. En realidad los beneficiados del dólar futuro fueron los ministros de Macri y los grandes empresarios y banqueros.
Paralelamente la diputada nacional Margarita Stolbizer denunció a la presidenta por “asociación ilícita” formada para delinquir con la obra pública durante su gobierno, donde los jefes de la organización eran la familia Kirchner. No solo eso, también fue sobre Florencia Kirchner.
La última novedad es que el fiscal German Moldes y la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) quieren reabrir la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman contra la ex presidenta por traición a la patria, que había sido rechazada por un juez, la Cámara Penal y Casación. Lo que podríamos decir una verdadera vergüenza.
La ex presidenta ha dicho que sufre la “más feroz campaña de persecución política mediática y judicial”, y añadió que es “el precio” que tiene que pagar por haber hecho “creer” a la mayoría de los argentinos que “tenían derecho a vivir mejor”.
Desde hace tres días, y a partir de una floja denuncia de Elisa Carrió, los medios concentrados comenzaron a señalar que Daniel Scioli también iría preso. En el programa de Luis Majul se informó que durante los años 2014 y 2015 se retiraron cerca de 20 millones de pesos al contado de las cuentas del Banco Provincia.
El ex gobernador afirmó: “Me veo en la obligación ética y política de afirmar la absoluta falsedad de las imputaciones que se han realizado en mi contra y de funcionarios de mi Gobierno”.
Por su parte, el ex jefe de Gabinete, Alberto Pérez afirmó que era un disparate y que los 20 mil millones de pesos que están señalando son transferencias electrónicas del Banco a las distintas reparticiones de la administración pública bonaerense y que “eran para pagar sueldos y horas extra”.
Respecto a las acusaciones, Pérez dijo: “La denuncia de Carrió no tiene fundamentos, no hay imputación. Nosotros teníamos tres organismos de control que estaban en manos de la oposición: la Fiscalía de Estado, la Contaduría General y la Asesoría. Los gastos extrapresupuestarios son una herramienta legal que tienen todos los gobiernos”.
Luego de Cristina y Scioli, el gobierno prepara los carpetazos contra los intendentes bonaerenses. Lo hará más adelante, según este la situación económica en la provincia y si el peronismo finalmente se presenta unido. “Vamos a revisar hasta la última carpeta de la obra pública que se hizo en la provincia de Buenos Aires, especialmente nos interesan los jefes comunales del conurbano que recibieron obra de Julio De Vido”, dicen desde la Casa Rosada.
Los intendentes lo saben y ya vivieron la primera experiencia cuando el ministro de Seguridad le cambio el jefe de policía en Ituzaingó que respondía al intendente y en pocas horas hubo una especie de pueblada organizada a través de las redes sociales y con tierra liberada por la policía. Este hecho hizo reunir a todos los jefes comunales, desde los más peronistas, los más kirchneristas y los moderados donde resolvieron presentar un proyecto de ley para que la policía comunal sea manejada por los intendentes. Proyecto que fue acompañado por el Frente Renovador que puso en estado de alerta a Cambiemos.
Por ahora, el argumento de la Casa Rosada es mantener los carpetazos contra el peronismo, también hay varias contra Florencio Randazzo si reaparece. Creen que de esa manera pueden tapar el aumento brutal de alimentos, de luz, gas y agua, más el transporte. La desocupación aumenta y crecen los comedores y merenderos populares en el Gran Buenos Aires.
El 7 de agosto habrá una gigantesca movilización desde la Iglesia de San Cayetano hasta Plaza de Mayo de los movimientos populares. ¿El gobierno escuchará el reclamo de la gente?. Es difícil de creer, por ahora solo escuchan los aplausos de la Sociedad Rural.
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