El presidente Mauricio Macri se molesta cuando algún periodista le dice que su administración “gobierna para los ricos”. No conforme con la devaluación, el aumento en alimentos, en tarifas y con grandes beneficios al campo y a las mineras, ahora va por los juicios laborales que según, desde su óptica de empresario, beneficia demasiado a los trabajadores.
El gobierno nacional envió al Congreso un proyecto de ley para modificar el régimen de Aseguradoras de Riesgos de Trabajo (ART), con el objetivo de limitar los juicios por accidentes laborales.
La iniciativa, que ingresó al Senado, pretende reducir la litigiosidad y acotar la llamada “doble vía”, esto es, que el trabajador pueda reclamar ante la ART y al mismo tiempo presentarse ante la Justicia.
El proyecto establece que, antes de recurrir a los tribunales laborales, el trabajador afectado (o sus familiares) deben agotar la vía administrativa, ante la comisión médica de la jurisdicción correspondiente.
La necesidad de reducir la litigiosidad es un reclamo de las empresas y también del Presidente, que en más de una oportunidad cuestionó la llamada “industria del juicio”. Macri llegó incluso a plantear en julio pasado que para que llegaran inversiones al país, la justicia laboral debía ser “más equitativa, no tan volcada a encontrarle siempre la razón a una parte”.
La propuesta que ingresó en la Cámara alta establece que, cumplido el paso de la comisión médica local, el trabajador podrá optar entre apelar ante la Comisión Médica Central (CMC), que es la instancia administrativa superior, o ir directamente a la Justicia. La iniciativa determina también que si las decisiones de las comisiones médicas no son apeladas en los plazos correspondientes, se convierten en cosa juzgada, es decir, ya no pueden plantearse ante la Justicia.
Antes de que empiece el debate en el Congreso, el proyecto ya genera rechazo entre los abogados laboralistas. “Es una concesión del Gobierno a los empresarios, que quieren seguir incumpliendo con las normas de prevención y, una vez que los accidentes ocurren, quedar blindados por un sistema acotado de reclamo judicial”, afirma Matías Cremonte, presidente de la Asociación de Abogados Laboristas.
En declaraciones al diario La Nación, Cremonte afirmó que el proyecto “supone un retroceso de toda la jurisprudencia progresista de la Corte que había declarado inconstitucional el sistema que obliga a los trabajadores a recorrer primero un largo camino administrativo en las comisiones médicas”.
El presidente de los abogados laboralistas señaló además que esas comisiones “tienen un listado de enfermedades del que no se pueden salir y que dejan afuera una gran cantidad de patologías profesionales”