El presidente Mauricio Macri decretó que familiares de funcionarios públicos puedan ingresar al blanqueo de capitales, a pesar de que el propio Congreso Nacional se opuso a la iniciativa que sancionó atado a la ley de reparación histórica. Lo hizo a través del decreto 1206/16, publicado hoy en el Boletín Oficial, que modifica el decreto reglamentario de la ley 29.260.
Como se recordará la diputada nacional Elisa Carrió había presionado con oponerse si no eran excluidos los familiares de los funcionarios. Junto a Carrió hubo presión de toda la oposición, con lo cual el gobierno nacional cedió en ese punto. Hoy el presidente le hizo pito catalán al Congreso.
La nueva normativa, que lleva la firma de Macri, establece en el artículo 6 que “los sujetos comprendidos en el artículo 83 de la Ley Nº 27.260 podrán efectuar la declaración voluntaria y excepcional respecto de los bienes que acrediten se encontraban incorporados en su patrimonio con anterioridad a la fecha en que los sujetos enumerados en el artículo 82 hubieran asumidos los respectivos cargos”.
Los sujetos del artículo 82 son los funcionarios públicos, desde el Presidente, la Vicepresidenta, los gobernadores y sus vices, los intendentes, los ministros, secretarios y subsecretarios nacionales y provinciales, los jueces, fiscales, miembros de las fuerzas de seguridad. Los del artículo 83 son sus familiares directos.
Desde la oposición, ya los legisladores del FpV salieron a cuestionar la decisión del Gobierno y estimaron que lo que busca Macri es una “autoamnistía” para salvarse de los coletazos del escándalo de Panamá Papers. Luego agregaron que el decreto “muestra su absoluto desprecio hacia el Congreso y el diálogo republicano”.