En una nueva violación de la autonomía universitaria, efectivos de la Prefectura Naval Argentina ingresaron a la Plaza de la Memoria del complejo de la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMDP). Desde el Centro de Estudiantes aseguran que “fue una provocación”, como ya ocurrió en denunció hace dos meses en esa misma casa de estudios y viene ocurriendo en otras universidades y escuelas del país.
El hecho ocurrió el martes cuando prefectos patrullaron en la Plaza de la Memoria del complejo de la UNMdP de manera sorpresiva a pesar de que su presencia allí está prohibida por ley. Los efectivos fueron interceptados por personal de seguridad de la Universidad, quienes les hicieron saber que por el artículo 31 de la Ley de Educación Superior la “fuerza pública no puede ingresar en las instituciones universitarias nacionales si no mediante orden escrita previa y fundada de juez competente o solicitud expresa de la autoridad universitaria legítimamente constituida.”
Sin embargo, los prefectos aseguraron que estaban allí para “garantizar que estuviera todo en orden”. No sólo se negaron a abandonar el predio sino que comenzaron a amedrentar y exigir documentos de identidad del personal universitario. “Los empleados de seguridad se negaron a aceptar el pedido e insistieron para que se fueran del complejo de la UNMDP”, relató un trabajador.
Luego de un intercambio verbal subido de tono, los prefectos se fueron del complejo universitario. Pero unos 20 minutos después, otros dos efectivos volvieron a ingresar, mientras un camión de Prefectura merodeaba por los distintos accesos. El personal de seguridad tuvo que volver a pedirles que se retiraran.
Para el centro de estudiantes no se trató de un hecho aislado, sino que forma parte de “distintas violaciones a la autonomía universitaria que se vienen dando en distintas universidades del país”, como ya ocurrió en abril en la Universidad Nacional de Jujuy cuando la policía se llevó detenidos a dos estudiantes. “Consideramos que lo ocurrido es de altísima gravedad, ya que constituye una grave violación a la ley vigente y significa un peligro a la democracia”, afirmaron en un comunicado.
El Centro elevó notas al Consejo Superior de la Universidad mientras que el Rectorado, por su parte, emitió un breve comunicado confirmando el hecho e informando que se “procedió a comunicar a las autoridades competentes de las distintas jurisdicciones”.