La Corte Suprema de Justicia de la Nación volvió a dar otra señal a favor de los genocidas: el ex ministro de Gobierno bonaerense durante la dictadura, Jaime Smart, quien hace cinco años se convirtió en el primer funcionario civil de alto rango condenado por crímenes de lesa humanidad, cobrará una jubilación de privilegio. Como si fuera poco, de manera retroactiva, estará en condiciones de percibir 12 millones de pesos.
Gracias a este fallo del máximo tribunal, el represor queda habilitado para cobrar tan suculenta suma por haberse desempeñado como juez de Cámara en un tribunal creado especialmente a comienzos de la década del ’70 (conocido como el “Camarón”), especializado en la persecución de opositores políticos y guerrilleros.
Con el voto del presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, y de los ministros Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti, el pasado 4 de julio –un mes después de habilitar el beneficio del 2×1 al represor Luis Muiña– el tribunal rechazó por “inadmisible” el recurso de queja que el Estado Nacional, representado por el Consejo de la Magistratura, que buscaba impedir que Smart cobrara una jubilación de privilegio.
Había sido una resolución de la Cámara Federal de la Seguridad Social la que, por mayoría, habilitó que el genocida pudiera acceder a este privilegio por los años que ejerció en el “Camarón”.
El tenebroso historial de Smart no arrancó en la última dictadura. Ya en 1968 fue nombrado fiscal por el dictador Juan Carlos Onganía. En 1971, el régimen militar de Roberto Levingston lo promovió como juez de la Cámara Federal porteña, creada para perseguir opositores políticos y guerrilleros. Justamente, por esos tres años de camarista reclamó Smart al Estado una jubilación de privilegio, en una demanda que presentó en 2006.
Con el golpe del 24 de marzo del ’76, se desempeñó durante tres años como ministro de Gobierno en la provincia de Buenos Aires. Es decir, de él dependía uno de los personajes más siniestros en aquellos oscuros años, como lo fue el ex jefe de la Policía bonaerense, Ramón Camps, y de uno de sus lugartenientes, Miguel Etchecolatz.
Con la llegada de la democracia en 1983, Smart retomó su actividad como abogado penalista en el ámbito privado. Por ejemplo, defendió, entre otros, al represor Albano Harguindeguy y al ex policía Samuel Miara, genocida y apropiador de los mellizos Reggiardo Tolosa.
En 2009 se convirtió en el primer civil en ser encarcelado mientras la Justicia lo investigaba como responsable del secuestro y la aplicación de tormentos al periodista Jacobo Timerman, y de la desaparición del abogado Rodolfo Gutiérrez en 1978, en San Isidro.
Finalmente, en diciembre de 2012 fue condenado a prisión perpetua por el homicidio de Jorge Rubinstein, abogado del grupo Graiver, secuestrado en una trama que se desarrolló en el corazón de Papel Prensa, y por 57 privaciones ilegítimas de la libertad.