El gobierno de María Eugenia Vidal anunció hoy que demandará por “daños y perjuicios” a los padres de los alumnos que realicen amenazas de bomba a las escuelas bonaerenses y que les hará pagar el costo de los operativos que se lleven adelante en cada establecimiento para comprobar si la amenaza es real o no.
El anuncio corrió por parte del ministro de Seguridad, Cristian Ritondo, quien dio a conocer que entre el 1º de septiembre y el 4 de octubre se recibieron 2.400 amenazas de bomba en las escuelas del distrito. “Una amenaza de bomba no es una broma, sino un delito”, dijo el funcionario.
“Y si bien es un delito excarcelable, el gobierno de la Provincia decidió promover una demanda de daños y perjuicios contra los padres de aquellos menores que sean identificados como autores de estos hechos”, agregó Ritondo.
Ante cada llamada, se desplaza una logística que incluye a la Brigada de Explosivos, fuerzas policiales, bomberos y Defensa Civil, se alerta a hospitales públicos y las cuadrículas de la zona. Ese costo, aclaró Ritondo, “deberán ser cubiertos por las demandas”.
“Ante cada llamado de amenaza, es nuestra obligación acudir al establecimiento con toda una logística que implica brigada de explosivos, fuerzas policiales, bomberos y Defensa Civil, además de alertar a los hospitales públicos y a las cuadrículas de la zona”, explicó el funcionario provincial.
Sobre las amenazas, agregó que “cuando todo este dispositivo acude a una amenaza de bomba, caemos en el riesgo de dejar desprotegidos a quienes realmente necesitan asistencia”. “Como padre -agregó Ritondo- entiendo absolutamente el estado de nerviosismo y psicosis que esto genera en las escuelas, las comunidades educativas y en los chicos”, y advirtió que “con la tecnología con la que cuenta el 911 es muy fácil rastrear de dónde provienen los llamados. Un llamado engañoso implica una intimidación pública y es un delito penado con dos a seis años de prisión”.