En el marco de las Audiencias Públicas del 165º Período de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que se celebró en Uruguay, organizaciones gremiales denunciaron “persecución” y “atropello” a los derechos de los trabajadores por parte del gobierno nacional que conduce Mauricio Macri, y el bonaerense de María Eugenia Vidal.
A través de un comunicado, uno de los representantes de Gremios Argentinos en hacer la presentación, fue el titular de Suteba, Roberto Baradel, quien explicó que “denunciamos que esto tiene como objetivo disciplinar a los trabajadores, acallar la voz de los trabajadores para no reclamar nuestros derechos”.
El gremialista docente también contó sobre las amenazas que recibió él y su familia, a principios de año en el marco de la discusión paritaria docente con el gobierno de Vidal. En esa línea,criticó la convocatoria que hizo el Ejecutivo a “voluntarios” para reemplazar a los docentes de paro; y “campañas mediáticas desprestigiando dirigentes sindicales”.
Baradel criticó también a la asociación que nuclea a los abogados del fuero laboral, a quienes el propio presidente Mauricio Macri los había tildado de “mafiosos” que impulsan juicios laborales y “hacen que cierren las pymes”.
Según informaron, durante la audiencia los docentes expusieron sobre “la represión sufrida” por los maestros durante la instalación de la Escuela Pública Itinerante frente al Congreso y “la no convocatoria a la paritaria y la intromisión de fuerzas de seguridad en escuelas”. Sumado al “aumento del desempleo, hostigamiento, persecución, intervención y estigmatización; algunos de los mecanismos empleados desde el gobierno nacional en contra de la clase trabajadora”.
El líder de SUTEBA denunció “represión de los trabajadores de Pepsi CO.” y “persecución policial”. Luego nombró los despidos en Diario Perfil y ATE y explicó que “el Gobierno Argentino está llevando adelante una práctica antisindical, anti obrera y en contra de las organizaciones sindicales que defendemos nuestros derechos”
Finalmente, Baradel informó que la CIDH tomó la denuncia y la consideró “violación de los derechos humanos y ataque al defensor de los derechos humanos” por lo que convocó al Gobierno Nacional a defenderse.