La gobernadora María Eugenia Vidal envió hoy a la Legislatura junto a la una nueva Ley de ministerios, un paquete de leyes con cambios que van desde la derogación de las jubilaciones de privilegio y la obligación de las DDJJ para legisladores, hasta la creación de un Sistema de Estadísticas y cambios impositivas en la ley impositiva aprobada hace menos de un mes.
Desde la Gobernación explicaron que el paquete de leyes “tiene como objetivo corregir inequidades y es por eso que estas grandes reformas buscan terminar con privilegios. Esto permitirá que mucho dinero que se utiliza para gastos corrientes de la política vuelva a los bonaerenses, con inversión en obras, en garantizar la presencia del Estado donde más se lo necesita, o en aumentar la seguridad de los barrios”.
El paquete de leyes del gobierno de María Eugenia Vidal contempla: la adhesión a la Ley Nacional de ART que desde hace meses está trabada en el Senado bonaerense pero que, tras el recambio legislativo, podrá aprobar por contar con quórum propio; la derogación de jubilaciones de privilegio para gobernadora, vice y legisladores provinciales; la modificación del régimen jubilatorio del Banco Provincia; la creación de un Sistema Estadístico Provincial y el Régimen de Declaraciones Juradas para diputados y senadores provinciales.
También se incluye un proyecto que propone una nueva metodología valuatoria para urbanizaciones cerradas (countries); la modificación del artículo 14 de la ley 13.713; una reforma del Código Fiscal; la prórroga de la Emergencia en Seguridad; la modificación del Procedimiento de Apremio y la creación del Parque Nacional Ciervo de los Pantanos.
La nueva Ley de ministerios contempla la eliminación de 221 cargos políticos, pero crea a su vez una nueva cartera: el Ministerio de Asuntos Públicos, que quedará a cargo del actual secretario de Comunicación, Federico Suárez. El proyecto contempla también la creación de un nuevo organismo que tendrá como función la urbanización de villas: el Organismo Provincial de Integración Barrial que dependerá de la Jefatura de Gabinete, quitándole así esta competencia al Ministerio de Infraestructura.
El objetivo del Ejecutivo es reducir la administración central, luego de que se detectaran superposiciones en unidades subministeriales y que algunas dependencias no realizaran tareas directamente alineadas con los objetivos estratégicos y el legado del Gobierno. Se eliminan 14 subsecretarías, 82 Direcciones Provinciales y 125 Direcciones de Línea.
“De una estructura actual de 990 unidades, se eliminarán 221 cargos, lo que permitirá un ahorro de 600 millones de pesos anuales, que se sumarán a otros 2.500 millones de pesos que ya fueron eliminados del presupuesto por la Legislatura para el 2018”, explicaron desde la Gobernación.
Si la iniciativa es aprobada por el Poder Legislativo provincial, el gabinete bonaerense quedará integrado por catorce ministerios y cuatro secretarías del Poder Ejecutivo con rango ministerial y la Dirección General de Cultura y Educación.
Respecto al régimen previsional del Banco Provincia, se busca hacer sustentable el régimen previsional especial que es deficitario y cuya deuda cubren todos los bonaerenses. Como publicó Info135, se sube la edad jubilatorio de los 57 a los 65 años, una medida que ya generó el rechazo gremial bancario.
En materia de jubilaciones de privilegio, hoy ex gobernadores, vices y los Legisladores tienen un régimen previsional especial, y gozan de ciertos de privilegios como la menor edad mínima jubilatoria, la mayor tasa de sustitución y los menores años de servicio. La ley enviada por Vidal propone su eliminación “por ser injustos con el resto” de los bonaerenses.
Por otra parte, el Ejecutivo envió un régimen de declaraciones juradas que extiende a los diputados y senadores la obligatoriedad de presentar la declaración patrimonial de bienes cada año. Podrán adherir a la normativa los municipios y, de forma voluntaria, los miembros de los cuerpos colegiados de conducción y control de Asociaciones Gremiales de Trabajadores, de Empresarios, de Profesionales, comunitarias, sociales y a toda entidad que tenga por objeto administrar derechos e intereses colectivos y vincular las relaciones entre el sector público y los ciudadanos.