A través de una iniciativa que generará polémica y discusiones varias, el gobierno de Mauricio Macri, el mes próximo enviará al Congreso un proyecto de ley de financiamiento de partidos políticos y de campañas, que tendrá un capítulo que tipificará el clientelismo político como un delito electoral.
Desde la oposición ya empezaron a encender luces de alerta, teniendo en cuenta que el objetivo final de la administración macrista es apuntar exclusivamente a los punteros del peronismo, con la intencionalidad de “golpear el corazón de la maquinaria electoral del PJ”, tal como se admite en la Casa Rosada.
“El Gobierno mira para un solo lado, como si el clientelismo fuera algo exclusivo del peronismo. A pesar de levantar las banderas de la transparencia, en los últimos años fueron incontables los episodios de punteros de Cambiemos que, con la billetera en mano, durante las campañas manejaron a su antojo las voluntades de los votantes”, contraatacan desde la oposición.
En el proyecto trabaja el secretario de Asuntos Políticos, Adrián Pérez, con el respaldo del ministro del Interior, Rogelio Frigerio. La ley de financiamiento fijará penas de entre seis meses y tres años de prisión, o inhabilitación para ejercer cargos de hasta diez años, para punteros políticos, dirigentes y funcionarios que ofrezcan favores o dinero a cambio de votos o militancia en campaña.
Las sanciones a la manipulación electoral se dividirán en dos segmentos: por un lado se tipificará el clientelismo, con sanciones en el Código Electoral Nacional de prisión de seis meses a tres años e inhabilitación especial “a cualquier ciudadano o dirigente político que ofrezca beneficios económicos a cambio de la participación en una actividad de campaña o de votar de una manera determinada2.
Y por otra parte, también se establecerán penas de uno a tres años de prisión e inhabilitación de seis meses a diez años para elegir y ser elegido en cargos públicos nacionales “para los funcionarios estatales que destinen fondos públicos a apoyar o perjudicar a un candidato, que coaccionen o amenacen a empleados para que participen en actos de campaña y que condicionen la prestación de servicios a su cargo a la adhesión política”.
La idea es enviar el proyecto al Congreso en marzo próximo, después de ponerlo en discusión el martes 27 de este mes, en un seminario que abrirá Frigerio y del que participarán decenas de expertos en transparencia electoral, jueces y legisladores de todos los partidos políticos.
La iniciativa establecerá, además, la bancarización de aportes en dinero para campañas que se hacen en efectivo para controlar el origen y el destino de los fondos. Se restringen las donaciones en efectivo a $ 950, que los partidos deben depositar en una cuenta bancaria en plazo perentorio.
En tanto, se habilitarán aportes de empresas con topes de hasta el 2 % sobre el total de los gastos permitidos para campañas. También se creará un registro de ingresos y gastos en tiempo real en cuentas partidarias, con una plataforma electrónica administrada por la Justicia Electoral. Y se dispondrá un registro de proveedores de publicidad en la vía pública, que controlará la Cámara Nacional Electoral. Esto buscará controlar gastos y evitar facturas apócrifas y otros ardides.
Mientras, para controlar el origen ilícito del dinero, la Cámara dará participación a organismos de control como la UIF, Procelac, AFIP, Anses, IGJ y la Oficina Anticorrupción. Se extenderá la prohibición para actos de gobierno que puedan promover el voto de 15 a 30 días antes de los comicios, y se sumarán 17 auditores judiciales.