Sabiendo de antemano que las posibilidades de éxito son casi nulas, el Gobierno está decidido a ir a fondo en su batalla contra Raúl Zaffaroni, en la búsqueda de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) lo remueva de su cargo, teniendo en cuenta que jamás ese tribunal expulsó a uno de sus miembros por pedido de un Estado.
De todas maneras, Mauricio Macri tomará esta pulseada como un símbolo del cambio cultural que se propone en cuanto a los conceptos de seguridad, represión y justicia. Cerca del presidente se resalta su convencimiento sobre “el mal que le hizo a la sociedad tanto garantismo, que derivó en una defensa corporativa de los victimarios y no de las víctimas”, y ahí es donde para la actual administración aparece Zaffaroni como la cara visible de esa doctrina que, dicen en un tono cercano al odio, abrazó el kirchnerismo…
La excusa perfecta para el Gobierno fueron las recientes expresiones del renombrado jurista, que fueron consideradas como “destituyentes”, y que le valieron una condena a la hoguera pública por parte de Cambiemos.
Justamente, ese objetivo del presidente quedó reflejado durante su conferencia de prensa en Chapadmalal, cuando de manera desafiante Macri no sólo ratificó su defensa al policía Luis Chocobar –que mató por la espalda a un ladrón-, sino que fue más allá y dijo sentirse seguro que una “inmensa mayoría” de la sociedad argentina piensa como él.
Desde el Gobierno son conscientes que más allá de los deseos, un cambio cultural de esta naturaleza requeriría un largo tiempo. Pero al mismo tiempo saben que, tomando a Zaffaroni como el máximo representante de lo que esta gestión rechaza, apuestan a ir sumando voluntades con el correr del tiempo, que permita trazar un escenario en el que la sociedad adopte como algo natural que un representante de una fuerza de seguridad mate a un delincuente, sea cual sea la circunstancia en que lo haga.