Finalmente, y gracias al rechazo que había generado, el Senado se vio obligado a eliminar dos capítulos que le iban a permitir al Gobierno hackear teléfonos celulares, tablets o cualquier tipo de dispositivo electrónico, que hubiera significado un peligrosísimo avance sobre la privacidad de las personas.
La idea, apoyada por el macrismo, había sido impulsada por el llamado “peronismo dialoguista”, que responde a Miguel Ángel Pichetto, apuntaba a legalizar la aplicación del software israelí Pegasus, que permite penetrar en la intimidad de una persona y utilizar el micrófono, la cámara y el localizador satelital de su propio teléfono como instrumento de espionaje sobre su vida.
Ese software, adquirido por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, ya fue usado en México no para combatir el delito, sino para espiar a periodistas, ONGs, abogados de derechos humanos, opositores políticos y también organismos defensores del consumidor.
Justamente, las principales objeciones fueron sobre la introducción de vigilancia electrónica que, aunque no lo dice el texto, incluye la utilización de software adquiridos a Israel. Organismos como el CELS, ADC, ACIJ, INECIP y Asociación Pensamiento Penal, denunciaron que eso permitiría “un espionaje masivo y sistemático” y que invade la privacidad de cualquier persona sometida a una investigación penal, afectando garantías constitucionales.
Para evitar que este ítem impidiera el tratamiento del proyecto, los senadores Rodolfo Urtubey y Pedro Guastavino, autores de la iniciativa, anunciaron que se anulaban los dos capítulos.
En realidad, se trataba de una reforma al todavía suspendido Código Procesal Penal (CPP), que todavía no entró en vigencia a pesar de que fuera aprobado en 2015. El presidente Mauricio Macri, a poco de asumir, suspendió su aplicación hasta nuevo aviso a través de un decreto.
El bloque del FpV en general y Cristina Kirchner en particular, fueron los más críticos. La ex presidenta aseguró que estas modificaciones al CPP implican la implementación de “un plan sistemático que tiene tres grandes objetivos: impunidad, legalidad y persecución y proscripción” que se expresan en el control del Poder Judicial para garantizar un “escudo de protección judicial” a los desaguisados del gobierno de Cambiemos.
Sobre las características del proyecto, que finalmente no prosperó, el perito consultor de la Justicia Federal Ariel Garbarz aseguró que lo que se busca “es una copia de la Ley Patriótica norteamericana, que permite hacer intercepciones sin orden judicial, con la excusa de perseguir al narcotráfico y al crimen organizado”.
En el artículo 30 de la reforma se planteaban estas nuevas “Técnicas Especiales de Investigación”, donde directamente se habilitaba al Poder Ejecutivo, por medio de la Agencia Federal de Inteligencia, a intervenir en cualquier celular que ellos consideren que está vinculado con secuestros o con narcotráfico fundamentalmente.
2 Comentarios
VAMOS CRISTINA !!!!!
Bien ahí!