Para evitar pagar costos políticos, la gobernadora María Eugenia Vidal ya habría bajado la orden para que los senadores de Cambiemos pongan un pie en el freno, y “dejen para más adelante” la discusión en torno al desembarco de la cadena “Farmacity” al territorio bonaerense.
Y, mientras tanto, las miradas están puestas en la Corte de Justicia nacional donde, según las entidades de farmacéuticos de la provincia, “hay lobby oficial” para que se encienda la luz verde para la llegada de esa empresa, fundada por el vicejefe de Gabinete, Mario Quintana.
En otras palabras, lo que busca el oficialismo es que si es el máximo tribunal finalmente habilita a la cadena a abrir locales en la provincia, no pagaría ningún costo político y, por lo tanto, no podría ser acusado de favorecer a la sociedad que fundó el funcionario del gobierno nacional.
El mes pasado, el Procurador general de la Nación, Eduardo Casal, autorizó el reclamo de Farmacity para ingresar en territorio bonaerense, y le dio así el empujón que le faltaba a Quintana.
Casal emitió un fallo, que no es vinculante, en el que asegura que el artículo 14 de le Ley 10.606, aprobada en 1987 en la provincia, es inconstitucional. Ese artículo dispone que serán autorizadas las instalaciones de farmacias cuando la propiedad sea de profesionales farmacéuticos con título habilitante; de sociedades colectivas o sociedades de responsabilidad limitada; de sociedades en comandita simple; de establecimientos hospitalarios públicos; o de las obras sociales, mutuales o gremiales.
Para la ley vigente las farmacias no son un comercio, sino un servicio público como extensión del sistema de salud, y determina que no puede haber una a menos de 300 metros de otra. Además, permite como titulares a empresas unipersonales, SRL, sin fines de lucro pero no a sociedades anónimas, como Farmacity.
En tanto, hace un mes, la oposición a Vidal logró aprobar en la Cámara de Diputados un escueto proyecto de ley que busca cerrar definitivamente la posibilidad de que Farmacity desembarque en la Provincia. La iniciativa, presentada por el massismo, cuenta con el apoyo del Colegio de Farmacéuticos bonaerense.