El presidente Mauricio Macri y la gobernadora María Eugenia Vidal serán denunciados ante la Justicia, a raíz de la utilización, por parte de Cambiemos, de beneficiarios de programas sociales para hacerlos aparecer como “aportantes” de la campaña electoral del oficialismo en los comicios del año pasado y, de esa manera, ocultar el verdadero origen del dinero.
Así lo anunció Unidad Ciudadana, y a través de un comunicado destaca que “la utilización de personas que se encuentran bajo la línea de la pobreza para hacerlas figurar como donantes de dinero a la campaña electoral de Cambiemos, aprovechando que sus datos personales se encuentran en poder del Estado por ser beneficiarias de programas sociales, es una de las maniobras más detestables que se han conocido en los últimos años y sobrepasa cualquier límite conocido hasta hoy”.
Con el correr de las horas, crece el escándalo sobre los falsos aportes de campaña para la coalición gobernante en las elecciones de 2017, y que reveló “El Destape”. Pudo establecerse que Cambiemos utilizó el nombre de cientos de pobres en la provincia de Buenos Aires para lavar dinero de esa campaña, cuando llevó como candidatos a Esteban Bullrich y Graciela Ocaña.
Por esa razón, esta mañana la titular del bloque de senadores bonaerenses de Unidad Ciudadana-Fpv, Teresa García, aseguró que impulsará la investigación de los aportes de campaña electoral de Cambiemos durante 2017, y aseguró que “el oficialismo no tiene ningún respeto por la dignidad de los bonaerenses”.
La legisladora sostuvo que “la Justicia va a tener que investigar a Marcos Peña, que facilitó la base de datos para la campaña de su partido, a la ministra (de Desarrollo Social) Carolina Stanley, que disponía de la información de los beneficiarios, y al ministro bonaerense Federico Salvai, que maneja el territorio provincial”.
Por su parte, la ONG “La Alameda” denunció por asociación ilícita, lavado de activos y falsedad de documento público a los diputados Graciela Ocaña y Héctor “Toty” Flores, y a los senadores Esteban Bullrich y Gladys González.
“La finalidad de las conductas es clara: utilizar las funciones en el Estado, para acceder a información sobre personas vulnerables y utilizarlas para introducir dinero ilícito en el sistema legal del financiamiento de partidos políticos”, sostiene la denuncia presentada por Lucas Schaerer, miembro de la Fundación.