Laura Alonso busca no quedar más expuesta y correr innecesarios riesgos. Por ese motivo, y a pocas horas de que asuman Dante Sica y Javier Iguacel como ministros de Producción y Energía, respectivamente, la titular de la Oficina Anticorrupción (OA) se dedicó a monitorearlos en detalle para evitar que surjan, una vez más, los famosos “conflictos de intereses”.
Es que Alonso y el Gobierno quieren evitar los dolores de cabeza que ya pasaron con al menos una veintena de funcionarios de primera línea atravesados por innumerables situaciones que, en no pocos casos, rozaban la ilegalidad y falta de ética para ejercer los cargos, pero que, a lo sumo, recibieron algún reto por parte de la funcionaria.
El fin de semana pasado, después de los anuncios oficiales, tanto Sica como Iguacel hablaron por teléfono con la titular de la OA.
Por estas horas, la principal preocupación apunta al designado ministro de Producción por su participación en la consultora ABECEB, con oficinas en Puerto Madero, fundada él mismo en febrero del 2003 bajo la razón social ‘Consultora de Estudios Bonaerenses’, y que firmó un contrato por $ 4 millones con el ministerio en el que asumirá mañana.
Fuentes gubernamentales y del entorno de Sica, se encargaron de anunciar que Sica se habría desprendido ayer de su participación en esa consultora, por lo que la desvinculación allanaría el camino para preste juramento como ministro.
En el caso de Iguacel hay menos preocupación, a pesar de que su nombre figura en los “Paradise Papers”. El funcionario, hasta ahora a cargo de Vialidad Nacional, habló con Alonso por su paso por la compañía ‘Pluspetrol’.
La ley vigente lo obliga a excusarse de tomar decisiones relacionadas -en este caso con esa empresa- hasta tres años después de su desvinculación de la misma. Según los registros oficiales, Iguacel trabajó en ‘Pluspetrol SA’ hasta mediados del 2015, por lo que estaría habilitado a tener injerencia en esa compañía a partir de alguna gestión suya a partir de los próximos meses.
Según la última declaración jurada presentada ante la OA, correspondiente al 2016, el todavía titular de Vialidad declaró un patrimonio de casi $6 millones, compuesto, entre otros activos, por letras del Banco Central y acciones de YPF.