Con la idea de transmitir señales de austeridad en medio de la crisis, el gobierno de Mauricio Macri pone en marcha hoy la segunda etapa del plan de recortes y achicamiento del gasto en el Estado, con el objetivo de ahorrar unos $ 20 mil millones. La aplicación del durísimo ajuste implicará, entre otras medidas, una brutal poda en el presupuesto de las universidades.
Por medio de un decreto que redactó la Secretaría Legal y Técnica, se dispondrá además un congelamiento de las vacantes en la adminitración pública, la reducción de viajes y de vehículos oficiales. En la práctica, se congelan las contrataciones en el sector público hasta el 31 de diciembre de 2019, y se prohíbe la implementación de bonificaciones y premios junto al recorte de gastos en movilidad y viáticos.
Se descuenta que la medida podría generar la apertura de un nuevo conflicto con los gremios estatales y de la educación superior.
Con el recorte que se aplicará sobre las universidades nacionales, inevitablemente reaparece el mal recuerdo de la gestión del ex ministro de Economía Ricardo López Murphy, quien allá por marzo de 2001, durante la presidencia de Fernando De la Rúa implementó un brutal ajuste contra las casas de altos estudios. Tan generalizado fue el rechazo a aquella medida, que el funcionario se vio obligado a renunciar seis días despúes.
El decreto establece que los convenios vigentes celebrados entre el Estado y universidades nacionales, provinciales privadas u otras instituciones de enseñanza pública, quedarán sin efecto a partir del 1 de enero de 2019, fecha a partir de la cual “ya no se podrán celebrar nuevos convenios”. Actualmente hay cerca de 6000 empleados bajo ese sistema, y al menos 3000 serían despedidos cuando finalicen estos acuerdos.
En definitiva, esta batería de medidas responde a las pautas acordadas por el Gobierno con el Fondo Monterario Internacional (FMI) para obtener el crédito de 50 mil millones de dólares por tres años.