Mientras los jubilados hacen malabares para llegar a fin de mes, los salarios pierden poder adquisitivo, las fábricas cierran y las universidades reclaman los fondos que les corresponden por ley, el Gobierno de Javier Milei enfrenta un escándalo que involucra las reservas de oro del Banco Central. Según el informe de la Auditoría General de la Nación (AGN), las operaciones financieras vinculadas al oro generaron pérdidas superiores a los 1.000 millones de dólares. El ministro de Economía, Luis Caputo, y el titular del BCRA, Santiago Bausili, tienen que dar explicaciones. Porque una cosa es administrar las reservas del país y otra muy distinta es arriesgarlas en operaciones que terminaron costando una fortuna. El ajuste siempre lo paga el pueblo; cuando las apuestas financieras salen mal, los responsables parecen no perder nunca el sueño.
La economía no arranca, los ingresos de los trabajadores y los jubilados siguen bajo presión, miles de empresas enfrentan dificultades y el Gobierno busca recursos mediante privatizaciones y otras operaciones patrimoniales. En ese contexto, los argentinos se enteraron de que las operaciones financieras realizadas con el oro del Banco Central dejaron un resultado negativo superior a los 1.000 millones de dólares.
El protagonista de esta historia es Luis «Toto» Caputo, el funcionario al que sus defensores presentan como el «Messi de las finanzas». A su lado aparece Santiago Bausili, presidente del Banco Central y viejo socio profesional del ministro. La pregunta es inevitable: ¿cómo se explica que un Gobierno que exige sacrificios permanentes a la sociedad haya expuesto reservas estratégicas del país a operaciones financieras que terminaron en semejante pérdida?
Una apuesta millonaria con el oro argentino
El informe de la Auditoría General de la Nación examinó las operaciones realizadas con reservas de oro enviadas al exterior. De acuerdo con los datos consignados en el documento, el Banco Central registró pérdidas por operaciones con instrumentos derivados y primas de opciones que, en conjunto, superaron los 1.000 millones de dólares.
La operatoria involucró lingotes enviados al exterior y operaciones financieras que permitían fijar condiciones de venta y recompra. En un escenario en el que el precio internacional del oro experimentó una fuerte suba durante 2025, la estrategia tuvo un resultado negativo para el Banco Central.
El informe de la AGN advierte sobre la magnitud de esas operaciones y el carácter excepcional del riesgo asumido con las reservas físicas de oro.
«Desde que se auditan los estados contables del BCRA nunca se había registrado una pérdida de esa magnitud. Tampoco se habían utilizado antes las reservas físicas de oro para transacciones de riesgo como estas», señala el documento citado en la información original.
El titular de la Auditoría General de la Nación, Juan Manuel Olmos, también puso el foco en la excepcionalidad de la operatoria.
«Desde que se auditan los Estados Contables del BCRA, nunca se había utilizado esta magnitud de reservas físicas (oro) para transacciones de riesgo, como las mencionadas operaciones de derivados que han generado una pérdida de más de US$ 1.000 millones para la entidad», sostuvo.
De acuerdo con el detalle contable reproducido en el material, el resultado negativo incluye 1.400.793 millones de pesos, equivalentes a unos 960,2 millones de dólares, registrados en la cuenta «Resultado negativo por opciones», además de 68.362 millones de pesos —62,8 millones de dólares— correspondientes a primas de opciones.
El resultado es escandaloso por su dimensión y por el contexto en el que se produjo. Mientras el Gobierno sostiene que no hay dinero para mejorar las jubilaciones, recomponer los salarios docentes, aumentar las prestaciones por discapacidad o financiar las universidades, las operaciones con el oro dejaron una pérdida de semejante magnitud.
No se trata de afirmar que ese dinero podría haberse distribuido automáticamente sin otras decisiones presupuestarias. Se trata de poner sobre la mesa una contradicción política: el sacrificio que el Gobierno exige a millones de argentinos convive con decisiones financieras que comprometen recursos estratégicos del Estado.
Para los jubilados siempre falta plata. Para los trabajadores, el ajuste es inevitable. Para las universidades, hay que esperar. Pero cuando se trata de explicar qué pasó con el oro argentino, las respuestas no aparecen con la misma velocidad.
¿Dónde está el oro argentino?
A las pérdidas millonarias se suma otra pregunta que el Banco Central debe responder con claridad: ¿dónde están las reservas de oro que fueron enviadas al exterior?
El destino de esos lingotes se convirtió en un asunto de controversia pública. Según la información consignada en el texto original, Bausili había afirmado ante el Senado que el oro estaba en Suiza y que había sido auditado por la AGN. Sin embargo, esa explicación fue cuestionada por el senador de Unión por la Patria Martín Soria, quien acusó al titular del Banco Central de haberles mentido a los argentinos.
«BAUSILI LE MINTIÓ A LOS ARGENTINOS. Ayer dijo que el oro que sacaron del país estaba auditado por la AGN. Hoy la AGN lo contradice. Mientras Milei y Caputo buscan atornillar a Bausili en el BCRA, nosotros exigimos explicaciones. El oro es de los argentinos», escribió Soria en la red social X.
La discusión no es menor. Las reservas de oro forman parte de los activos del Banco Central y su administración debe estar sometida a controles institucionales. La confidencialidad invocada por las autoridades no puede convertirse en una excusa para impedir que se conozca la información necesaria para controlar el patrimonio público.
Distintas versiones periodísticas mencionaron la posibilidad de que parte del oro estuviera depositada en Londres y no en Suiza. Sin embargo, el material original no aporta documentación suficiente para establecer de manera concluyente su ubicación actual. Precisamente por eso, el Banco Central debe brindar información clara y verificable sobre el destino de las reservas, las condiciones de las operaciones y los controles realizados.
La cuestión adquiere una dimensión adicional por la relación histórica entre la Argentina y el Reino Unido, especialmente por el conflicto de soberanía sobre las Islas Malvinas. En ese contexto, cualquier decisión que involucre activos estratégicos depositados en el exterior requiere explicaciones transparentes y garantías suficientes para proteger los intereses nacionales.
Según el texto original, además, la Justicia había ordenado al Banco Central responder pedidos de acceso a la información pública, pero la institución no habría cumplido con esa obligación.
La pregunta, entonces, es doble: ¿qué operaciones se hicieron con el oro argentino y dónde se encuentran actualmente las reservas? No alcanza con invocar cuestiones técnicas ni con apelar a la confidencialidad. Los ciudadanos tienen derecho a conocer cómo se administra un patrimonio que pertenece al conjunto del país.
El ajuste para todos; las explicaciones, para nadie
El caso vuelve a poner en discusión el manejo de la política económica del Gobierno de Milei. Caputo construyó buena parte de su imagen pública alrededor de su experiencia en los mercados financieros y de su capacidad para conseguir dólares. Pero cuando las operaciones con activos estratégicos arrojan resultados negativos de esta magnitud, esa reputación no puede servir como escudo frente a las responsabilidades políticas.
La administración de las reservas no es un juego de casino ni una competencia para demostrar quién conoce mejor los instrumentos financieros. El oro del Banco Central constituye un activo estratégico y cualquier operación que lo comprometa debe tener fundamentos claros, controles rigurosos y resultados que puedan explicarse ante la sociedad.
El Gobierno que reclama sacrificios a los trabajadores, ajusta las jubilaciones y reduce recursos destinados a áreas esenciales tiene una obligación todavía mayor de rendir cuentas cuando están en juego miles de millones de dólares.
Porque la discusión no pasa solamente por una cifra contable. También pasa por la transparencia, el control del patrimonio público y la responsabilidad de quienes toman decisiones en nombre del Estado.
Caputo juega con el oro; los argentinos pagan la cuenta
A los argentinos les piden paciencia, sacrificio y resignación. Les explican que no hay plata para las jubilaciones, que los salarios deben seguir perdiendo frente al costo de vida y que las universidades tienen que arreglarse con lo que reciben. Pero cuando aparece una pérdida millonaria vinculada a operaciones financieras con el oro del país, las explicaciones se vuelven mucho más difíciles de encontrar.
El problema no es solamente que una operación haya salido mal. El problema es que todavía faltan respuestas claras sobre las decisiones que se tomaron, los riesgos que se asumieron y el destino de las reservas.
Caputo no puede refugiarse eternamente detrás del apodo de «Messi de las finanzas», ni Bausili puede esconder el oro argentino detrás del secreto bancario o de la confidencialidad. Si las decisiones fueron correctas, que expliquen por qué. Si hubo errores, que asuman las responsabilidades. Y si el patrimonio nacional está fuera del país, que informen dónde está y bajo qué condiciones.
Porque el oro no es de Caputo, ni de Bausili, ni de Milei. Es de los argentinos.
Y mientras el Gobierno les exige a millones de personas que se ajusten hasta quedarse sin aire, nadie tiene derecho a tratar las reservas nacionales como si fueran fichas de casino. El oro es del pueblo: las explicaciones también se las deben al pueblo.