La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, al igual que el ahora ex titular de esa cartera en la ciudad de Buenos Aires, Martín Ocampo, fueron penalmente denunciados por un abogado simpatizante de River, por los delitos de “incumplimiento y omisión de los deberes de funcionario público”, a raíz de los disturbios que el sábado último impidieron la disputa de la superfinal con Boca en el estadio Monumental.
En la presentación judicial, que quedó radicada ante el juzgado federal número cinco, a cargo de Marcelo Martínez de Giorgi, también se incluye al secretario de Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro, al jefe de la policía de la Ciudad, Gabriel Berard, y al director de la Prefectura Naval Argentina, Eduardo Scarzello.
La denuncia, firmada por el abogado Fabián Bergenfeld -quien intentó vanamente presenciar el frustrado partido tanto el sábado cuanto el domingo-, pide hacer “extensivas tales imputaciones a quienes resulten ser instigadores de los hechos propiciados por el accionar comisivo u omisivo de tales funcionarios públicos, investigándose la intencionalidad de los mismos”.
“Ha existido un plan pergeñado por la política del más alto nivel nacional y ejecutado con la participación necesaria de quienes debían y deben velar por la seguridad”, sostiene la presentación.
El denunciante repartió responsabilidades: “Tras la disputa inicial a la que nos tienen acostumbrados la ministra de Seguridad de la Nación y el jefe de Gobierno de la Ciudad, éste le adjudicó la responsabilidad a su propio ministro de Seguridad. Pero con ello no basta. Porque de ese modo se está encubriendo al accionar omisivo de la Prefectura que se hallaba en la primera línea de resguardo del paso del micro agredido a piedrazos”.
Bergenfeld identificó tres conductas reprochables penalmente: la omisión del “alejamiento del público” de las adyacencias de la Avenida del Libertador, Monroe y Lidoro Quinteros; la falta de cierre al público del paso por la diagonal Lidoro Quinteros y finalmente, la carencia de colocación transitoria de muros de madera de dos metros para impedir el acercamiento del público al micro del plantel de Boca.
El juez Martínez de Giorgi deberá ahora pedirle opinión al fiscal federal Federico Delgado, quien en definitiva será el encargado de promover la investigación o determinar su archivo.