Un fallo de la Suprema Corte de Justicia bonaerense encendió todas las alarmas en el gobierno de María Eugenia Vidal ya que sienta un mal precedente para la reforma jubilatoria del BAPRO, aprobada en un trámite exprés por Cambiemos en la Legislatura en diciembre de 2017. Es que ese tribunal hizo lugar a la demanda interpuesta por un jubilado del Banco Provincia y declaró “inconstitucional” un artículo de la ley 15.008 contra la que viene batallando el gremio La Bancaria, que también espera una decisión de ese tribunal.
Por mayoría, el máximo tribunal hizo lugar a una demanda presentada por un jubilado de la banca pública que solicitó que se declare inconstitucional el artículo 41 referido a la movilidad jubilatoria. Mientras que el viejo régimen ataba los haberes jubilatorios a la paritaria de los empleados activos, la ley impulsada por Vidal establece el cálculo de acuerdo a la ley 26.417 (70% del Indice de Precios al Consumidor y 30% del RIPTE).
En el caso del jubilado que analizó la Suprema Corte, el cambio en el régimen jubilatorio produjeron un desfasaje de más de 5 puntos porcentuales en los haberes. “Dicha norma, prima facie analizada, se muestra contraria a uno de los pilares básicos que sustentan el sistema previsional provincial”, aseguraron los jueces de la Corte, Eduardo Pettigiani, Héctor Negri y Eduardo de Lázzari. También agregaron que “al quebrarse ese parámetro de cálculo, el resultado al que se arriba importa una retribución arbitraria y caprichosa, desprovista de toda justificación razonable”.
El fallo abre la puerta para que la Suprema Corte haga lugar al pedido de inconstitucionalidad que presentó La Bancaria contra la ley 15.008 apenas fue promulgada. El Tribunal declaró ese recurso como de “acción colectiva”, por lo que de resolver en el mismo sentido, el fallo comprenderá a activos y pasivos por igual.