En una nueva muestra de su obsesión por acorralar a Cristina para que, en lo posible, sea enviada a prisión antes de las elecciones, el gobierno de Mauricio Macri, a través de una de sus más serviles representantes como lo es Laura Alonso, decidió apretar el acelerador. Y el primer paso en esa dirección se produjo en las últimas horas, con el pedido formal para que la ex presidenta vaya a juicio oral por la casa de las fotocopias de los cuadernos.
La movida es motorizada por la Oficina Anticorrupción (OA), a cargo justamente de la funcionaria, y la Unidad de información Financiera (UIF) -que se presentan como querellantes-, y surge días después de que el rebelde fiscal Carlos Stornelli reclamara la elevación parcial a juicio oral de CFK, Julio De Vido, Roberto Baratta y José López, entre otros ex funcionarios, además de un centenar de empresarios, todos procesados en la causa que está en manos del juez Claudio Bonadio.
En un escrito, se destaca que la actual senadora participó en la “asociación ilícita en calidad de jefa, siendo junto a su marido, los responsables de diagramar esta organización con fines meramente delictivos, que tuvo su correlato hasta los últimos días de su gobierno”.
Además de acusarla de haber presuntamente dirigido una asociación ilícita, apuntan contra Cristina como “coautora de recibir dádivas y de cohecho pasivo (cobrar coimas)”, y por estos hechos ahora salen a pedir que vaya a juicio oral.
Las querellas, al igual que la Fiscalía, basaron sus requerimientos de elevación a juicio en la “gravedad de la acusación” que recae sobre la ex presidenta, señalada como “jefa de la asociación ilícita” que durante 12 años recaudó fondos ilegales que aportaban contratistas y concesionarios del Estado.
De acuerdo a la presentación, “la estructura delictiva la comandó, desde sus albores y ocupando un lugar en la cúspide, Cristina Kirchner, dirigiéndola junto con Néstor Kirchner desde la fecha indicada y hasta el fallecimiento de este último, acaecido el 27 de octubre de 2010, que impide juzgarlo y significó el liderazgo autónomo por parte de Fernández, hasta el 9 de diciembre de 2015”.
Para el Gobierno, la organización tuvo como finalidad “implementar un sistema de recaudación de dinero ilegal, de manera tal que les permitiera enriquecerse y utilizar, parte de esos fondos, para la comisión de otros planes delictuales”.
Según Laura Alonso, los máximos responsables del Gobierno Nacional, “forjaron un acuerdo de voluntades direccionado a crearla y mantenerla (a la asociación ilícita) en el tiempo; valiéndose de los organizadores Julio De Vido, Roberto Baratta, José López, Carlos Wagner, Ernesto Clarens y de sus demás componentes funcionales”.
Y agregó que “todos ellos, a partir de los roles que les fueron asignados y la distribución de tareas, implementaron un mecanismo de recaudación y recolección de dinero que se sabía corrupto, proveniente de sobornos pagados por personas vinculadas a empresas que pretendieron beneficiarse -o bien, se beneficiaron- a partir de la adjudicación o mantenimiento de contratos de obras públicas, concesiones viales, provisión de energía y subsidios, entre otras contrataciones con el Estado Nacional”.
Tanto la OA como la UIF remarcaron que la organización “ideó y desplegó el sistema de recolección de pagos, destinado tanto al enriquecimiento de sus miembros como a la comisión de otros planes ilícitos”.
Al momento de detallar la estructura investigada, se señaló que para cumplir con el objetivo principal, “los líderes y organizadores de esa estructura paraestatal diagramaron un circuito de recaudación de dinero centrado, principalmente, en el otorgamiento y adjudicación de obras públicas o servicios, y otros beneficios vinculados al desarrollo de la relación de esos privados con el Estado Nacional”.
Según el escrito de la UIF que conduce Mariano Federici, este esquema “se hizo permanente, dinámico, aceitado”, y se detall que el mismo se volcó a diversas áreas con el fin de “ganar una obra pública” desde la “explotación de un corredor vial, una concesión de transporte ferroviario o ser beneficiado con la asignación de subsidios al transporte automotor o empresas prestatarias de bienes y servicios por cuenta y orden del Estado Nacional”.
El mecanismo implementado obligaba a la “entregaba un porcentaje de lo que el Estado Nacional le pagaba, a los funcionarios designados para recibir esos retornos o coimas”, indicó la UIF.
Cuando firmó el procesamiento, Bonadio llegó al extremo de plantear que el hecho de que Cristina no hubiera recibido sumas de “dinero ilegítimas en mano propia” no la exime de “responsabilidades”. En ese marco, se dio por comprobada “la existencia de una organización delictiva” planteada por la “recaudación de coimas” que inició con Néstor Kirchner, y que “continuó durante la gestión” de la actual senadora.
Ahora, con los pedidos de elevación a juicio formulados por las querellas y el fiscal Stornelli, el juez esperará la resolución de la Cámara sobre los expedientes restantes, y hará una elevación completa de la causa, lo que podría suceder ocurrir una vez que termine la feria judicial de invierno.
5 Comentarios
Sigan soñando! No van a poder meter presa a la jefa! Por más que aprieten a la justicia, Laura Alonso y el gobierno de Corructos de Macri, son basura! Y ya fracasaron.
¿Laura Alonso le puede sacar los fueros? Si así fuera ya estaría presa hace rato.
TOMATELAS ESPANTAPAJAROS !!!!!!
Los mueve el odio, Dios la proteja de esta gente miserable.
Imposible, no por comodoro Pro, si por el pueblo, la tocan y se pudre todo. Eso sí, estoy de acuerdo con Daddi Brieva, quiero confiscarles hasta el perro a Macri y todos sus ministros y a esta ignorante más aún. Venganz no, justicia si!!!