Algunos ya la llaman ‘la María Julia Alsogaray del siglo 21’, y encuentran varias probables cuestiones compartidas con la funcionaria del menemismo, quien llegó a estar presa por estar involucrada en hechos de corrupción. El hecho es que Laura Alonso, uno de los personajes del equipo de Mauricio Macri que más irritación provoca, y que por acción y omisión, tendría todos los números cuando llegue el momento de investigar ilícitos perpetrados en tiempos de Cambiemos.
A la cuestionada funcionaria no sólo se le dirigen todas las miradas por haber llevado a cabo de manera burda una investigación ‘selectiva’ de probable corrupción, siempre en función de lo ocurrido durante los gobiernos kirchneristas y jamás en la administración de la que forma parte, a pesar de ser la titular de la Oficina Anticorrupción (OA).
En las últimas horas, el caso de una contratación de la consultora de prensa Consuador, de Alejandro Giúdice y Facundo Sosa Liprandi, y anticipa por dónde vienen las dificultades inmediatas de Alonso.
Según revela Página/12, un allanamiento judicial en el domicilio de un ex asesor del organismo, aportó evidencias del pago irregular a la consultora cautiva del gobierno para la promoción política de Laura Alonso. Es más, los archivos informáticos secuestrados despertaron sospechas de que Consuasor pudo haber pagado retornos en otros contratos, lo que dio origen a una nueva causa en Comodoro Py.
El registro del domicilio de Alejandro Giúdice, uno de los socios de Consuasor, fue llevado a cabo el 5 de junio pasado por orden del juez federal Sebastián Casanello, luego de que declaraciones de testigos y documentos sumados a la causa ratificaran las sospechas de conflictos de intereses y abuso de autoridad por parte de Alonso para supuestamente beneficiar a una consultora amiga, indicaron fuentes con acceso al expediente. El resultado del allanamiento no se había hecho público hasta hoy.
La causa se originó en julio de 2018 luego de que saliera a la luz que la Oficina Anticorrupción, además de los ministerios de Trabajo, Medio Ambiente y Defensa; el senador Federico Pinedo y el gobierno de Salta, habían contratado a la consultora para tareas genéricas de comunicación.
La consultora de prensa fue fundada hace más de diez años por el citado Giúdice, Facundo Sosa Liprandi y quien luego fuera el primer subsecretario de Comunicación Pública de la Jefatura de Gabinete bajo el gobierno de Cambiemos, fallecido en 2017. En un trámite destinado a ponerse en regla y ser contratada por el Estado, la empresa fue reinscripta como SRL el 28 de diciembre de 2015, días después de la asunción de Mauricio Macri en la Casa Rosada.
Conocida la trama de Consuasor, el abogado Leonardo Martínez Herrero presentó una denuncia asignada a la fiscalía de Carlos Stornelli y el juzgado de Casanello. El fiscal no movió un dedo para investigar a su allegada Alonso, lo que no impidió que el expediente avanzara.
El allanamiento en el domicilio del ex asesor de la titular de la OA aportó documentos relacionados a la imputación inicial por malversación de fondos públicos y disparó sospechas de otros delitos, más graves.
Un archivo informático del asesor Giúdice incluía una planilla con los montos facturados y los realmente cobrados entre 2016 y 2018, con variaciones entre uno y sesenta por ciento. Ante la hipótesis — entre otras — de que la diferencia obedeciera a retornos desde el contratado al contratante, el juzgado de Casanello presentó una denuncia que llegó al despacho de Daniel Rafecas.
En ese marco, testigos dejaron claro que la presencia de la consultora y el persistente interés de Alonso por su imagen pública y sus intervenciones en defensa del gobierno de Macri generaron fricciones permanentes con empleados que aspiraban a una comunicación acorde a un organismo público de control.
Las tareas que estaban a cargo de Consuasor eran la coordinación de entrevistas (centradas sobre todo en medios del Grupo Clarín), el manejo de redes y el discurso público de la funcionaria.
La difusión de los multicontratos de la consultora, una empresa gestionada por sus dueños y con muy pocos empleados, ocasionó que varios organismos públicos dieran de baja al vínculo. Las oficinas de la consultora fueron cerradas y su página web fue, primero desconectada y, más tarde, reformulada.
Mientras, la Procuración de Investigaciones Administrativas, a cargo del fiscal Sergio Rodríguez, elabora un dictamen sobre si el caso esconde una trama de corrupción o si, por el contrario, se circunscribe a fallas éticas, falta de transparencia y corruptelas no judicializables por parte de la secretaría de Ética Púbica, Transparencia y Lucha contra la Corrupción.
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