El procurador de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, Julio Conte Grand, quedó nuevamente en el ojo de la tormenta. Esta vez fue porque impulsó un sistema online para que cualquier ciudadano pueda iniciar una denuncia administrativa en la web de la Procuración General contra los fiscales que están bajo su órbita, pero tuvo que darlo de baja por las quejas que generó.
En la práctica, el jefe de los fiscales hizo instalar en la web oficial un formulario para cargar denuncias que duró apenas 48 horas online debido a la reacción negativa que generó entre fiscales y magistrados.
En la actualidad, las irregularidades en la actuación de los fiscales puede ser denunciada ante una comisaría, un organismo policial como la DDI o en la oficina de denuncias de los tribunales de toda la provincia.
Con la excusa de generar un mayor acceso a las denuncias, Conte Grand ideó esa herramienta informática para que sea más fácil denunciar, a modo de prueba piloto.
Bajo el nombre “Denuncias administrativas disciplinarias”, el formulario en cuestión incluía un listado de 10 tipos de faltas a señalar, de modo de marcar con una cruz al estilo “multiple choice”. Entre ellas están: incumplimiento en el ejercicio de las funciones, falta de imparcialidad u objetividad, falta de asistencia o asesoramiento, demoras en los plazos para resolver, irregularidades en el procedimiento, abuso de autoridad, archivo prematuro, falta de respeto o destrato, un delito penal. También incluía un ítem “otro” para denunciar una falta o irregularidad por fuera de lo prefijado.
El sistema cayó pésimo entre los fiscales por entender, primero, que fomentaba la denuncia y que había cierto sesgo persecutorio en la medida, pero además y más importante, porque altera procesos y no respeta los pasos legales de cualquier denuncia, ya que hay muchas instancias anteriores a la Procuración.
Los fiscales pusieron el grito en el cielo contra la iniciativa de Conte Grand, de la que se enteraron por la web y no por canales oficiales, porque consideran que hoy el Ministerio Público Fiscal tiene graves problemas de recursos que obstaculizan el trabajo como falta de personal y de equipos informáticos, entre otras cosas, para que el procurador fomente las denuncias en su contra porque sí.
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