El juez que preside la Sala II de la Cámara Federal, Martín Irurzun, el creador de la “doctrina Irurzun”, nacida con la sola excusa de detener en forma ilegal a políticos de la oposición, está analizando seriamente en pedir la jubilación luego del completo informe la Comisión Bicameral que demostró los manejos irregulares de la Dajudeco, la oficina de las escuchas a cargo de él.
El informe presentado recientemente muestra los desmanejos de la oficina de escuchas, los raros sorteos de peritos y las filtraciones a la prensa de las escuchas.
De movida llamó la atención que la oficina la falta de documentación para acreditar el sorteo que le permitió a Irurzun hacerse cargo de la Dajudeco, luego que el macrismo le sacó la oficina de escuchas a la procuradora Alejandra Gils Carbo. Nunca se encontraron las pruebas que mostraron que el sorteo que le permitió al juez hacerse cargo.
A partir que la Dajudeco cayó en manos del camarista comenzaron las filtraciones a los medios amigos del macrismo para desgastar a la ex presidenta. Nunca se encontró nada importante, más allá de la celebre frase de “soy yo Cristina, pelotudo”.
Según Ámbito, el segundo punto más sensible del informe de la Bicameral es el sistema de sorteos del “Cuerpo de Peritos Anticorrupción” bajo la órbita de Dajudeco. Se hacía de forma manual, pero también se establecía un “llamativo” (para la Bicameral) sistema de reemplazos de las comisiones asesoras para concursar a los peritos, vía la resolución de la Corte N°1171/2016 que la dejaba entonces en cabeza de Ricardo Lorenzetti.
Se dejaba vacante el cupo para los ingenieros civiles que ingresaron en una segunda tanda con los procedimientos modificados. En ese segundo grupo, entró el ingeniero civil con especialidad en vías de comunicación Eloy Bona, conocido como “twittero anti K” pero también porque plasmó su particular peritaje en el juicio Vialidad que agrupa dos cualidades: la primera es que se ventilará en 2021 como casi uno de los únicos aspectos que no cayeron en las sucesivas audiencias (los testigos no colaboraron en nada con la acusación) y cuya conclusión para supuestos sobreprecios en la obra pública de Santa Cruz fueron hechos en una comparativa con los valores que surgían de una revista.
El trabajo de auditoría tiene un párrafo que cobrará relevancia a estos fines: “la forma de sorteo y asignación de causas en los aspectos antes señalados, el acotado número de peritos para asegurar un sorteo efectivo, no satisface acabadamente las garantías procesales impuestas por la normativa vigente”. Una prueba clara de cómo se vulneraba el derecho a la defensa de los imputados.
Otro escándalo de la llamada justicia macrista que este gobierno deberá resolver más temprano que tarde.
Como hace 28 años, el Coti Nosiglia es la llave para ampliar la Corte Suprema de Justicia