A tres días de cumplirse 5 años de su arbitraria detención, un grupo de más de 1.600 funcionarios, dirigentes políticos y referentes sociales, culturales y de derechos humanos solicitaron hoy la “libertad” de la titular de la organización Tupac Amaru, Milagro Sala, y denunciaron que la “persecución política, judicial y mediática a la que es sometida” tiene como autores al gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, y al Tribunal Superior de Justicia de esa provincia.
Lo hicieron a través de una carta pública, en sintonía con la solicitada del fin de semana último en apoyo al ex vicepresidente Amado Boudou.
Según el texto, el objetivo del mismo es “dar a conocer el proceso ilegítimo de detención y persecución” de la organización Túpac Amaru, “denunciar ante la Justicia la vulneración a los derechos humanos y civiles”, y “exigir el justo proceso y la libertad” de la dirigente jujeña.
Asimismo, expresaron su “solidaridad a quienes durante todos estos años fueron criminalizados por su compromiso con el pueblo pobre”.
Y sostienen que la Justicia busca “diezmar” la organización Túpac Amaru, que “logró quebrar el monopolio en la obra pública de vivienda y construir presupuestos participativos en la materia, que puso en jaque al sistema político y económico jujeño al denunciar pactos mafiosos con la última dictadura cívico militar”.
“Sala está presa en Jujuy por ser una dirigente política que enfrentó al poder. Está presa por ser mujer, negra y luchadora”, afirmaron.
“Desde nuestro más profundo compromiso con la República y el Estado de Derecho, exigimos las debidas garantías constitucionales que requiere todo proceso penal, y afirmamos nuestra vocación de promover y concretar una sociedad con pleno y efectivo acceso a derechos económicos, sociales, culturales y ambientales”, sostienen.
Además de la carta, una comitiva integrada por algunos de los firmantes viajará este fin de semana hasta Jujuy para encontrarse con Milagro en su casa, y paralelamente se realizarán actividades en Buenos Aires y otros puntos del país.
En cuanto a la situación jurídica, es la Corte Suprema de Justicia de la Nación la que debe resolver el recurso de queja presentado por los abogados de Milagro Sala, anular el juicio en su contra conocido como “pibes villeros” y ordenar la libertad inmediata.
Entre los funcionarios que firmaron la carta en apoyo a Sala se encuentran los ministros de Justicia bonaerense, Julio Alak; y de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi; el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla; la interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño; la subsecretaria de Asuntos Penitenciarios Ministerio de Justicia, María Laura Garrigós; y las asesoras presidenciales Dora Barrancos y Adriana Puiggrós.
También suscribieron la secretaria de Comercio Interior, Paula Español; la titular del Sedronar, Gabriela Torres; la directora del Banco Provincia, Juliana Di Tullio; y la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza.
Asimismo, adhirieron el dirigente Juan Grabois; los diputados nacionales Eduardo Valdés, Mónica Macha, Lucía Corpacci y Paula Penacca; la titular de la agencia de noticias Télam, Bernanda Llorente, y la ex Procuradora Alejandra Gils Carbó, entre otros.