Tal cual era de prever, la Justicia dictó una dura condena contra el empresario Lázaro Báez, quien deberá pasar 12 años en la cárcel. Pero en realidad, más allá de lo que representa el nombre del titular de Austral Construcciones, lo que volvió a quedar patentizado en este juicio fue que, por elevación, se envió un mensaje hacia Cristina Kirchner, sin lugar a dudas, objeto central de la sed de venganza que vienen acumulando quienes manejan los hilos de los tribunales de Comodoro Py, en complicidad con el macrismo y los grandes medios hegemónicos.
Por eso mismo, tal vez como nunca, en este caso se cumplieron a rajatabla todos y cada uno de los pasos necesarios para la profundización del llamado ‘lawfare’, y fue así que la burda presión que venían ejerciendo sobre una de las juezas del tribunal que terminó condenando a Báez, dio sus frutos y lograron de esta manera su objetivo.
La gravedad de este fallo, además, está dado porque, en definitiva, en el marco de lo que los grandes medios bautizaron como “la ruta del Dinero K”, no se presentaron pruebas que permitiesen avalar la condena que finalmente se dictó.
Más allá del circo mediático que se inició a partir de la detención del empresario, allá por abril de 2016, lo concreto es que a pesar de los denodados esfuerzos puestos de manifiesto por jueces y fiscales que necesitaban esta condena, no se encontraron cuentas, ni sociedades, ni bóvedas con dinero oculto de la familia Kirchner.
Sin embargo, la ausencia de pruebas no fue impedimento para que dos de los tres jueces sostuvieran que el origen del dinero de Báez se basó en ilícitos en la obra pública.
Lo llamativo es que en el marco del juicio que precisamente investiga las presuntas irregularidades en la concesión de obras públicas en la provincia de Santa Cruz, hasta los propios testigos propuestos por la Fiscalía tuvieron que reconocer que es falsa la imputación.
Néstor Costabel, uno de los jueces del Tribunal Oral Federal Nro. 4 que llevó adelante el juicio, está claramente alineado con el macrismo, por lo que en los últimos días se ejerció una brutal presión sobre otra jueza, Adriána Pallioti, a quien no le quedó margen para que sí o sí votara en consonancia con Costabel.
En tanto, la jueza restante, Gabriela López Iñiguez, se sabía de antemano que iba a votar en disidencia, no respecto a las condenas, sino a lo que se llama “el delito anterior”.
El lavado de dinero consiste en que se “blanquea” plata proveniente de un delito, pero pese a que en el juicio no apareció nada vinculado a la obra pública, los dos jueces alineados con el macrismo igual dirían que el delito precedente fue la obra pública de Santa Cruz, como una forma de apuntar contra Cristina Kirchner.
El juicio comenzó en octubre de 2018 y en los primeros tramos del debate se preveía una duración de ocho meses, pero se sumaron inconvenientes que corrieron esos plazos hasta que, finalmente, la pandemia de coronavirus derivó en la suspensión de las audiencias desde el 20 de marzo último hasta junio pasado, cuando se reanudó de manera virtual.
Báez fue detenido en abril de 2016 por orden del juez federal Sebastián Casanello, que instruyó la causa.
En su última intervención durante el juicio, el 30 de diciembre pasado, el empresario aseguró ser víctima de una “persecución sistemática del poder político, la prensa y gran parte del Poder Judicial”.
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