El Gobierno nacional presentó ante la Corte Suprema de Justicia los fundamentos del decreto de necesidad y urgencia (DNU) por el cual suspendió la presencialidad en las aulas del Áerea Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), como consecuencia del incesante aumento de casos de Covid-19.
Hace 11 días comenzó a regir la medida, pero el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, dispuso judicializar la decisión del presidente Alberto Fernández para afrontar la segunda ola de coronavirus.
Es que la administración macrista tomó como eje la decisión de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo de la Ciudad, que avaló el pedido de un grupo de docentes y padres para que los niños y jóvenes vuelvan a las aulas, a pesar de un fallo posterior de la Justicia federal que instaba a mantener la virtualidad hasta que se expida la Corte.
En un escrito de 113 fojas, la Procuración del Tesoro de la Nación (PTN), encabezada por Carlos Zannini, realizó en las últimas horas la presentación ante el máximo tribunal de Justicia, en la que se sostuvo que el mantenimiento de la presencialidad en las aulas en el distrito porteño impactará en la cantidad de casos (y muertes) no sólo en la Capital Federal sino también en la Provincia de Buenos Aires: “Si para el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires se dejara sin efecto la medida dispuesta por el DNU, ello impactaría necesariamente en la región geográfica de la Provincia de Buenos Aires”.
En el documento presentado por el Gobierno Nacional se advirtió que, si la Corte hiciera lugar al reclamo de la Ciudad, “aumentaría la circulación de personas entre las jurisdicciones y por lo tanto se incrementaría la velocidad en el crecimiento de los contagios”. Por lo tanto, esto pondría “en riesgo la salud de la población y el sistema sanitario no sólo de CABA sino también de la provincia, en tanto resulta parte integrante de este aglomerado urbano”.
Además, se aclaró que la suspensión temporaria de clases presenciales se dio porque “la asistencia a dichos establecimientos genera una gran movilidad de personas en el AMBA”, y que se movilizan más de tres millones de niños, unos 300 mil docentes y los acompañantes que llevan y retiran a los estudiantes.
En tanto, el organismo que encabeza Zannini alertó sobre el creciente número de contagios y la escasez de camas de terapia intensiva en el AMBA: “La saturación del sistema de salud tiene como consecuencia directa el aumento de las cifras de mortalidad. (…) Eso es lo que enfáticamente se busca evitar”. Y agregó: “Resulta indispensable establecer restricciones en forma focalizada y temporaria, respecto de determinadas actividades o de la circulación de personas para disminuir la velocidad en el incremento de los contagios y para prevenir la saturación de los establecimientos del sistema de salud”.
Por otro lado, el Estado Nacional destacó la necesidad de adoptar medidas para “afrontar una situación epidemiológica sin precedentes a fin de evitar un aumento desmedido de casos que lleve un colapso sanitario y al consecuente aumento de la morbilidad”.
El organismo que reúne a los abogados del Estado pidió que, previo a resolver, la Corte convoque como parte a la provincia de Buenos Aires, con el objetivo de que sus autoridades sanitarias se pronuncien sobre el conflicto planteado por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
De esta manera, la Corte Suprema quedará en condiciones de dar los pasos procesales para resolver el planteo a la brevedad, con el fin de resolver una situación que es sumamente urgente debido al incremento de casos que hay día a día en el AMBA.